La resolución establece que este pacto contempla una obligación para adoptar políticas y medidas de acción en materia social frente a necesidades que requieren la intervención inmediata pero también el establecimiento de estrategias de largo plazo.
Basado en una de las encíclicas más importantes de la Iglesia Católica y con el apoyo de más de 400 intendentes de todo el país, advierte sobre la relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta, critica a las formas de poder que derivan de la tecnología e “invita a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesto de un nuevo estilo de vida”.
El pacto cuenta con diez puntos que tienen como objetivo luchar contra todo aquello que ponga en riesgo la llamada «Casa Común» y tiene la guía y el liderazgo espiritual del Papa Francisco. El compromiso de los representantes políticos con el Pacto continúa juntando adherentes, dentro y fuera del país.
Desde Pilar, se destaca que la meta del pacto no se agota en el aspecto declarativo sino que se propone la creación de observatorios que encaren el seguimiento de las políticas para abordar los objetivos que impulsen cambios de paradigmas en términos de conductas individuales y colectivas orientados a cuidar a la sociedad.
