El Bloque del Frente Renovador pidió una sesión especial para el miércoles, a partir de la investigación periodística que reveló los sobornos.
El trabajo reveló sobreprecios y el pago de coimas a médicos prestadores de la mayor obra social de la Provincia de Buenos Aires por parte de empresas proveedoras para que operen con sus prótesis, bajo la amenaza de que, si no llegaban a un acuerdo, los profesionales rechazarían las prótesis de dichas empresas.
El bloque massista recordó que presentó el pedido en marzo pasado y asegura que no fue tratado por decisión del oficialismo. «Si el frente Cambiemos no quiere tratar la intervención de la obra social más grande la Provincia repleta de irregularidades y manchada por la corrupción con el aval estatal, es porque encubre delincuentes», sostuvo el diputado massista, Pablo Garate, autor del proyecto.
Además, el massismo solicitará la creación de una comisión bicameral que investigue la situación de la obra social del Estado bonaerense, para hacer un seguimiento y control de gestión, y sugerir «la toma de medidas y acciones con el fin de mejorar y optimizar la gestión de la obra social».
En la maniobra revelada por el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), están implicados médicos de IOMA y proveedores, con el aval de los auditores de la obra social, y según los distintos entrevistados para la investigación, la complicidad de los funcionarios de IOMA.
Esta maniobra fue denunciada por la diputada nacional de Cambiemos Graciela Ocaña antes la Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI) de la Provincia, quien la derivó a la Justicia.
Actualmente, la investigación está a cargo del titular de la UFI 6 de La Plata, Marcelo Romero, quien tiene al menos identificados cinco médicos involucrados en esta práctica, y ya ordenó una serie de medidas de prueba. Entre ellas, le envió un oficio a IOMA requiriéndole el listado de prótesis adquiridas durante los últimos cinco años, los médicos que las solicitaron, las rechazadas, los motivos y la resolución de los auditores, y un listado de las prestadoras. Más de un mes después, la obra social –cuyo presidente Pablo Di Liscia fue designado por el Ejecutivo provincial- no respondió.
Para el diputado Garate existen «por un lado, sospechas -y ahora pruebas- de evidentes hechos de corrupción, denuncias y damnificados concretos que deben investigarse. Y por el otro, una mala prestación de la obra social para los afiliados, como consecuencia de las irregularidades. Algo que el Gobierno bonaerense debe atender inmediatamente».
«El objetivo no es sólo investigar las irregularidades, sino también sugerir medidas y acciones para que IOMA funcione plenamente en beneficio de todos los empleados públicos en actividad y jubilados», señaló el legislador de Tres Arroyos.
En tanto, el presidente de bloque del massimo en la provincia de Buenos Aires, Rubén Eslaiman, afirmó:»El miércoles estaremos en el recinto y esperando que Cambiemos y el resto de las bancadas hagan lo mismo para lograr aprobar la herramienta legal que necesita el Ejecutivo para actuar a fondo en IOMA».
Según el Frente Renovador, el proyecto que presentaron en marzo, no se trató por falta de voluntad de Cambiemos.
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