El fiscal Gustavo Zorzano solicitó la medida contra Humberto Monteros y otros 13 dirigentes acusados de asociación ilícita y extorsión.
El requerimiento del fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Gustavo Zorzano, fue presentado ante el Juzgado de Garantías 4 de Bahía Blanca a cargo de Marisa Promé.
«El fiscal formuló el pedido al juez por más de 40 hechos por asociación ilícita y extorsión en el que fueron víctimas empresarios vinculados al rubro de la construcción de Bahía Blanca y la zona», agregaron las fuentes.
También indicaron que «en el pedido de prisión preventiva el fiscal tuvo en cuenta distintos testimonios de víctimas, en las cuales hay declaraciones en forma reservada, como así también documentaciones y elementos de la investigación sumados a otras pruebas que fueron obtenidas durante el mes de enero».
El pedido de prisión preventiva -además de Monteros y su adjunto- recayó sobre Pablo David Gutiérrez, Mario González, Raúl Erbin, Sergio Vázquez, Walter Paiz, Nelson Damián Cabrera, Carlos Carrillo, David Muñoz, Aníbal Aranda y Guillermo Molina, Sebastián Canales y Roberto Sabino Ríos. El juez de Garantías tiene un plazo de cinco días para definir la situación procesal de los 14 dirigentes gremiales.
El 11 de enero, durante un procedimiento que incluyó varios allanamientos en Bahía Blanca, Monte Hermoso y Coronel Suárez, Monteros y el resto de los dirigentes fueron detenidos en operativos realizados por la policía bonaerense y tras el pedido realizado por el fiscal Zorzano al juez Promé.
En una vivienda de Monte Hermoso, donde se encontraba Monteros, los investigadores encontraron más de 5 millones de pesos y 100 mil dólares escondidos en bolsas, cajas y bolsos, así como también una pistola calibre 9 milímetros y estupefacientes para consumo.
También hallaron una caja de seguridad en la vivienda en la que se hallaba Monteros y que fue abierta hace una semana: se hallaron otros 423.309 dólares distribuidos en fajos.
Según se indicó a Télam, el fiscal Zorzano consideró que Monteros y Burgos «fueron los jefes de la banda y hasta conformaron empresas familiares que prestaban servicios para la construcción, como baños químicos, transporte, vestimenta y gastronomía» a clientes que «eran rehenes de sus imposiciones pues estaban obligados a contratar prestaciones de menor calidad y mayor costo».
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