La Cámara Federal ratificó su decisión de anular un pedido del juez Sebastián Casanello para que la investigación siga bajo la Justicia Federal.
De esta manera, la investigación por la posible comisión de delitos como falsificación de documentos públicos y lavado no continuará en el fuero federal, algo que implicaría tipificaciones penales más graves que las sanciones por la comisión de delitos electorales.
Se trata de una decisión dispuesta por el único integrante de la Sala II, Martín Irurzun, quien así ratificó la decisión que él mismo había tomado en octubre para que se remita la causa a la Justicia Electoral de la ciudad de La Plata, bajo el paraguas del juez Adolfo Ziulu.
Vale recordar que la investigación apunta a determinar cómo personas que no dieron el consentimiento ni tienen condición económica suficiente figuran como aportantes de la campana electoral de Cambiemos en 2017 en la provincia de Buenos Aires, la que llevó como candidatos principales a Esteban Bullrich y Graciela Ocaña.
Lo cierto es que Casanello había decidido incorporar más testimonios al expediente antes de derivar la causa a la Justicia Electoral, pero Irurzun consideró que los objetos procesales están «tan íntimamente vinculados con el presente, que su indagación debe realizarse de manera conjunta e integral, evitando con ello el examen fragmentado de los hechos y el eventual dictado de resoluciones contradictorias en torno a un mismo tópico».
En su resolución, el camarista Irurzun advirtió «inconsistencias» y «contradicciones» de carácter técnico en la resolución de Casanello, por lo que anuló su decisión de retener el expediente. Entre sus hipótesis, Casanello investigaba la posibilidad de que los nombres de estas personas fueron utilizados para camuflar aportes de empresas privadas.
Las idas y vueltas de la causa no pasan inadvertidas para la Cámara Nacional Electoral (CNE), máximo tribunal encargado de dirimir las reyetas en materia electoral en el país. En una entrevista exclusiva con Ámbito Financiero, el titular del organismo Alberto Dalla Vía había defendido la postura para que la investigación por los aportantes truchos quedara bajo el fuero electoral.
«Creemos que la Justicia Electoral debería tomar la competencia y la Justicia Penal debería intervenir una vez que el juez electoral haya determinado la existencia de un delito», sostuvo Dalla Vía quien justificó la competencia electoral por una cuestión de «especialización» y «conocimiento de la trama del procedimiento electoral». Lejos de definirse aún la competencia sobre la causa, no se descarta que la decisión ratificada de Irurzun sea apelada en los próximos días.
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