El ex gobernador bonaerense es investigado contrataciones irregulares en las Unidades de Pronta Atención (UPA) de la Provincia.
El fiscal Álvaro Garganta pidió que el exgobernador Daniel Scioli y varios integrantes de su gobierno vayan a juicio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros. Se trata de una investigación por contrataciones irregulares en las Unidades de Pronta Atención (UPA) de la provincia de Buenos Aires.
El pedido de juicio incluye al exministro de Salud Federico Alejandro Collia, al extitular de Aguas Bonaerenses Guillermo Scarcela, así como al exjefe de Gabinete Alberto Pérez, entre muchos otros.
La causa principal es por la adjudicación de manera irregular al empresario Ricardo Miller, de nueve obras públicas por más de $ 117 millones , consistentes en la construcción de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA) y la ampliación de una de ellas, todas en favor de la empresa Miller Building International SA.
Según la acusación existe una relación personal y comercial que el Gobernador mantenía Miller, por las dádivas que el primer mandatario percibía.
La acusación es por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso real con tráfico de influencias en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, sumado a dádivas que se sospecha recibió Scioli. A Scioli lo acusa de ser instigador de negociación incompatible de la función pública y autor del tráfico de influencias.
Según consta en la causa, Miller le alquiló y compró un terreno a Scioli donde se estaba construyendo un complejo hotelero ubicado en Villa La Ñata.
La operación de compra del terreno fue en 2017 por 3.850.000 de dólares, el empresario Miller le alquiló el predio al entonces gobernador para montar el emprendimiento hotelero.
Tras el pedido fiscal, la jueza de garantías Marcela Garmendia debe resolver si lo envía a juicio a Scioli y otros 38 acusados.
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