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En un operativo de la Gendarmería fue apresado Sebastián Canale, cuando intentaba cruzar a Chile por el paso Pino Hachado, en Neuquén.
«Detuvimos a Sebastián Canale, prófugo vinculado a la causa UOCRA Bahía Blanca en el cruce de Pino Hachado», expresó al respecto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en su cuenta de twitter. Y luego añadió: «Un paso más en la lucha contra la corrupción».
El procedimiento tuvo lugar en las últimas horas en el paso fronterizo Pino Hachado, ubicado en Neuquén. Allí, efectivos de la fuerza federal de seguridad interceptaron a Canale en la frontera con Chile. Sobre él pesaba una solicitud de captura nacional y otra internacional.
Según el ministerio, «la aprehensión de Canale es producto del blindaje desplegado sobre la frontera terrestre y fluvial argentina».
De esta manera, el exprófugo se agrega a la lista de sindicalistas pertenecientes al gremio de la Unión Obrera de la Construcción de Bahía Blanca que fueron detenidos en los últimos días, en el marco de la investigación por la causa de asociación ilícita y extorsión. Entre ellos su secretario general, Humberto Monteros, quien fue apresado en su casa en la localidad de Monte Hermoso, donde se hallaron más de 5 millones de pesos y 100 mil dólares, en bolsas y cajas, además de drogas.
Los efectivos de la bonaerense ingresaron en horas de la madrugada a la vivienda de Monteros, y también allanaron la sede de la UOCRA de Bahía Blanca y viviendas en Coronel Suárez.
Fueron detenidos los gremialistas José Burgos, Pablo Gutiérrez, Nelson Cabrera, Carlos Carrillo, Mario González, Raúl Erbín, Sergio Vázquez, Aníbal Aranda y David Muñoz.
El fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, consideró que se trata de «una señal para quienes realizan estas prácticas de naturaleza mafiosa, para que sepan que este tipo de cosas no pueden seguir pasando».
En tanto, el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, manifestó que fueron confiscados «efectos que son la base para la continuidad de la investigación, que tiene como objetivo llegar a la conclusión de la efectiva comisión del delito de extorsión, que prevé penas de hasta 20 años para las personas involucradas».
Las denuncias contra los gremialistas fueron presentadas por firmas constructoras, que sostuvieron que la cúpula sindical les exigía retornos para la adjudicación de las obras, que eran paralizadas en caso de no pagar los sobornos.
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