Fueron detenidos en un megaoperativo realizado por la Policía Bonaerense, que incluyó 20 allanamientos; están acusados de asociación ilícita.
Entre los apresados, se encuentra Humberto Monteros, máximo referente local del sindicato; hay otras cuatro personas que aún son buscadas.
Los gremialistas son investigados por asociación ilícita y extorsión a raíz de una denuncia presentada por varios empresarios del sector y por la propia gobernadora María Eugenia Vidal.
Monteros fue detenido en su vivienda de la localidad balnearia de Monte Hermoso y en su poder tenía tres valijas con pesos y dólares. También se realizaron otros operativos en Coronel Suárez. Tal es la magnitud del procedimiento, que son coordinados personalmente por el jefe de la Policía bonaerense.
Julio Conte Grand, procurador bonaerense, informó que se confiscó «una serie de efectos que es la base para la continuidad de la investigación, que tiene como objetivo llegar a la conclusión de la efectiva comisión del delito de extorsión, que prevé penas de hasta 20 años para las personas involucradas».
Desde la conducción de la UOCRA nacional aseguraron que la seccional había sido intervenida el año pasado por Ricardo Rodríguez y las personas detenidas ya no ostentaban la representación gremial.
Monteros es considerado el «Pata» Medina de Bahía Blanca. Su secretario adjunto, José Burgos, fue denunciado públicamente por Vidal en septiembre, cuando la mandataria lo acusó de frenar las obras de refacción de cuatro rutas en el sur de la provincia de Buenos Aires.
«No solo pide una remuneración que no estaba en el convenio, sino que además quiere obligar a los contratistas a contratar determinados proveedores de comida, transporte y equipamiento en un acto que es claramente corrupto; es una mafia».
Monteros quedó en la mira de los investigadores por la compra de un departamento, cuatro autos de alta gama de distintas marcas y por la ampliación y remodelación de una casa.
También fue cuestionado por no poder explicar el origen del dinero que utilizó para fundar varias empresas, entre ellas una de combis y una rotisería que era prestadora del sindicato. Antes de desembarcar como secretario general de la UOCRA, declaró que vivía en una casilla montada sobre un terreno ocupado.
El fiscal general de Bahía Blanca Juan Pablo Fernández aseguró que en la investigación se determinó que Burgos y Monteros lideraron un asociación ilícita que tenía un modus operandi a través del cual extorsionaban a empresarios de la construcción.
«Les exigían que abonen personalmente sumas de dinero o que contraten con empresas de ellos mismos con sobreprecios que les dejaban ganancias inusitadas bajo apercibimiento de paralizar las obras, quemar gomas, hacer asambleas», detalló en diálogo con el periodista Germán Sasso.
«Los reclamos de naturaleza sindical eran excusas que se utilizaban para frenar las obras. Cuando los empresarios pagaban, los reclamos sindicales dejaban de existir. Entonces, no era verdad que existía una reivindicación laboral o el trabajador, lo que se buscaban eran pretextos para sacar dinero en beneficio propio», agregó.
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