La gobernadora María Eugenia Vidal desplegó hace menos de un mes y en forma muy reservada el plan de «intervención de emergencia», como le denominan, en las ocho villas más peligrosas del Gran Buenos Aires.
Los objetivos son desterrar el narcotráfico en su foco de origen, imponer una presencia del Estado donde se había perdido y dar la mayor batalla contra la pobreza en el corazón del conurbano.
En este novedoso proyecto intervienen todos los ministerios de la gobernación bonaerense aunque en mayor medida se involucró a los Ministerios de Seguridad, Desarrollo Social, Infraestructura y Salud.
Según detallaron ante Infobae funcionarios de estrecha confianza de Vidal, el plan de «intervención de emergencia» se empezó a concretar en una primera fase en la villa Costa Esperanza de San Martín; en La Cava de San Isidro; en Villa Itatí de Quilmes; el el barrio Libertad de Almirante Brown; en Porá de Lanús y en la villa Carlos Gardel de Morón.
Luego, en una segunda etapa, se apuntará a las villas Puerto de Hierro en La Matanza y Garrote en el municipio de Tigre.
En ese sentido, la policía bonaerense ya hizo una avanzada con un equipo de 800 agentes especiales en 5 de las 8 villas mencionadas. Según detallaron fuentes del Ministerio de Seguridad que conduce Cristian Ritondo, la policía creó un grupo de «avanzada urbana policial» que es un equipo especialmente capacitado para enfrentar el narcotráfico.
En la «intervención de emergencia» planificada la policía bonaerense ya ubicó, por ejemplo en los barrios de Itatí, La Cava y Carlos Gardel puestos policiales móviles, más patrulleros y cabinas policiales fijas.
«Necesitamos mostrar una mayor presencia policial allí donde no la hay y ayudar a la urbanización para que la gente sienta la presencia del Estado en lugares donde hoy son inaccesibles y guaridas perfectas para los narcos», explicó una fuente calificada del gobierno de Vidal.
Sin embargo, el plan de la gobernación no se limita al plano estrictamente policial en las villas más peligrosas del conurbano.
Desde el punto de vista del desarrollo de proyectos de urbanización los ministerios de Desarrollo Social y de Infraestructura avanzan en este plan con un presupuesto global de 800 millones de pesos de fondos del Tesoro de la provincia a los que se les sumarán 200 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros USD 200 millones del Banco Mundial.
El plan contempla tres etapas bien diferenciadas en este campo de la infraestructura y la ayuda social. Un primer momento es el del diagnóstico donde se está haciendo un relevamiento en las 8 villas mencionadas para evaluar en detalles las características de la población.
Una segunda etapa prevé la «intervención de emergencia» donde se refuerzan los servicios básicos y un tercer paso es el de la instalación de una «mayor infraestructura» que apunta a desplegar red de cloacas, agua potable y pavimentación.
