El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, llamó a una rebelión popular y a la presión internacional al denunciar un «golpe de estado» del gobierno, tras la suspensión del proceso de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
En una tensa sesión este domingo, brevemente suspendida por la irrupción de grupos chavistas en el hemiciclo, la Asamblea Nacional declaró en su resolución final «una ruptura del orden constitucional» cometido «por el régimen» de Maduro.
Decenas de personas identificadas con el chavismo en Venezuela irrumpieron en la Asamblea cuando los diputados discutían vías para una posible destitución del presidente del país, Nicolás Maduro.
Mientras hablaba el primer vicepresidente del Legislativo, el opositor Enrique Márquez, empezaron a ingresar en el salón de sesiones varios hombres y mujeres casi todos vestidos de color rojo, un símbolo del chavismo en el país suramericano.
Los chavistas portaban fotografías del libertador venezolano Simón Bolívar, banderas del país y del movimiento de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Inter Sexuales (LGBTI).
Bajo el grito de «el pueblo unido jamás será vencido» varios de ellos lograron burlar las cuatro alcabalas que existen para ingresar al salón de debates del Parlamento, dos de ellas controladas por funcionarios de las Fuerzas Armadas.
Una vez dentro del foro, comenzaron los empujones principalmente entre el personal de seguridad de la Cámara y los simpatizantes del oficialismo.
El jefe de la bancada minoritaria del Gobierno, Héctor Rodríguez, intentó contener a los chavistas que fueron abandonando el lugar paulatinamente.
Entretanto, el presidente del Parlamento, el opositor Henry Ramos Allup, suspendió el debate por espacio de media hora, y decidió reanudarlo luego de ordenar la expulsión de todas las personas salvo diputados, periodistas y el personal ordinario del Legislativo.
A la Asamblea llegó el alcalde del municipio Libertador, el oficialista Jorge Rodríguez, quien conversó con los chavistas y los conminó a abandonar el sitio, a lo que finalmente accedieron.
Según informaron medios digitales, al menos dos personas resultaron heridas en medio de la irrupción.
La Asamblea, finalmente, resolvió «convocar al pueblo de Venezuela a la defensa activa de nuestra Carta Magna hasta lograr la restitución del orden constitucional» y «solicitar a la comunidad internacional la activación de mecanismos» para el retorno de la «democracia».
El acuerdo exige también a la Fuerza Armada «no obedecer o ejecutar ningún acto contrario a la Constitución».
Aunque el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, había señalado que se abordaría la posibilidad de apertura de un «juicio político» contra Maduro, el tema no fue abordado durante los debates.
No obstante, los diputados convocaron a una sesión el martes que iniciará un proceso para «determinar la situación constitucional del presidente», a quien acusan de tener doble nacionalidad, venezolana y colombiana, lo que lo inhabilitaría para ejercer el cargo.
El Parlamento también decidió «proceder de manera inmediata» al reemplazo de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a los que la oposición acusa de ser aliados del gobierno.
Hace dos meses, la Asamblea Nacional fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia y todos sus actos son considerados nulos.
Uno tras uno los diputados opositores denunciaron la existencia de una «dictadura». «El pueblo tiene derecho a la rebelión (…) En Venezuela se ha dado un golpe de Estado continuado, que tuvo su culminación al robarle el voto del referendo», dijo el jefe de la bancada opositora, Julio Borges.
«¿Cómo dicen ustedes que en Venezuela hay dictadura si ustedes lograron ganar unas elecciones?», cuestionó la diputada oficialista Tania Díaz, al calificar la sesión como un «reality show».
Los legisladores oficialistas acusaron a su vez a los opositores de buscar dar un golpe de Estado. «No traten de aprovechar coyunturas difíciles para acabar con la patria», dijo el diputado Earle Herrera.
«No constituye para nada desestabilización o golpe de Estado promover un revocatorio (…) son recursos que están en la Constitución», respondió Ramos Allup, al cerrar la sesión.
De gira por Medio Oriente, donde intenta acuerdos para mejorar el precio del petróleo, Maduro hizo desde Arabia Saudita un enlace a través de la televisión oficial en el que dijo estar atento a sus «responsabilidades constitucionales al frente del Estado y del gobierno».
El jefe de la bancada del oficialismo, Héctor Rodríguez, llevó un mensaje del mandatario: «Diles que les doy un saludo y un abrazo, y que los espero en la mesa de diálogo a todas y a todos», refirió.
La irrupción de los grupos chavistas en el hemiciclo fue controlada por los diputados opositores y la Guardia Nacional. Un par de personas sufrieron lesiones leves que fueron tratadas en la enfermería de la Asamblea.
La suspensión del referendo aumentó aún más la tensión política en el país petrolero, que además enfrenta una profunda crisis económica, con severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que el FMI calcula en 475% para 2016.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que arrasó en los comicios legislativos de diciembre pasado y controla el Parlamento por primera vez en 17 años de hegemonía chavista, asegura que la solución a la crisis es la salida del poder de Maduro, con una impopularidad del 76,5% según la firma Datanálisis.
La MUD convocó la sesión parlamentaria y a una protesta nacional el próximo miércoles, después de que el CNE postergara hasta nuevo aviso la recolección de cuatro millones de firmas necesarias (20% del padrón de votantes), último paso antes de la consulta.
El CNE paralizó el proceso argumentando que acataba fallos judiciales que anularon por supuesto fraude un primer recaudo de firmas en cinco Estados, en el inicio del proceso.
Como parte de la respuesta de la MUD, cientos de mujeres marcharon el sábado por estratégicas vías de Caracas, encabezadas por Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, en prisión desde 2014.
Los oficialistas han amenazado con promover el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y la ilegalización de la MUD como agrupación política.
En la sesión, Luis Florido, encargado de política exterior de la Asamblea, anunció que dirigentes de la MUD viajarán a Washington para pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA) que aplique la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, que prevé sanciones en casos de ruptura del hilo democrático.
El sábado, doce países de la OEA, entre estos Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, México, Chile y Costa Rica, expresaron «preocupación» e instaron al gobierno de Maduro a hallar vías de diálogo.