5 de mayo, 2017

Una fiscal pide que se declare inconstitucional el 2×1 en delitos de lesa humanidad

El fallo de la Corte Suprema que habilitó el "2x1" para los delitos de lesa humanidad abrió un interrogante sobre cuántos represores sin condena firme podrían recuperar la libertad en corto plazo

Mientras crece la polémica y el rechazo de diversos sectores, una fiscal pidió a la Justicia la inconstitucionalidad del fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicó el 2×1 en condenados por delitos de lesa humanidad.

 

La solicitud fue realizada por la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas, Ángeles Ramos, a raíz del pedido de excarcelación que el apropiador de menores Víctor Gallo hizo ayer pidiendo que se le aplique el 2×1.

 

La presentación fue ante el Tribunal Oral Federal 6, que corrió vista a la defensa para que opine, y ahora los jueces tienen cinco días para resolver si lo liberan o no.

 

El polémico fallo de la Corte Suprema que habilitó el «2×1» para los delitos de lesa humanidad abrió un interrogante sobre cuántos represores sin condena firme podrían recuperar la libertad en el corto plazo. En principio, solo beneficiaría a Luis Muiña, sentenciado en 2011 a 13 años de prisión por cinco casos de secuestros y torturas durante un operativo militar en el Hospital Posadas en 1976.

 

La Corte pidió que se aplique la «ley penal más benigna» y se le cuente doble desde el segundo año de la preventiva, en septiembre de 2009. Como Muiña pasó cuatro años en preventiva, los últimos dos suman cuatro. Sumados a los otros seis años que estuvo preso hasta que a fines de 2016 salió en libertad condicional por cumplir dos tercios de la condena (8 años y medio), Muiña tendría la condena cumplida en septiembre de 2018.

 

Entre quienes podrían acceder al 2×1 hay cinco de los represores emblemáticos que actuaron en la ESMA durante la última dictadura: Jorge «Tigre» Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Rádice, Ricardo Cavallo y Adolfo Donda.

 

Los represores fueron condenados a prisión perpetua en 2011 por los secuestros, torturas, violaciones, homicidios y otros delitos registrados en uno de los más grandes que funcionó en la última dictadura.

 

Jorge «Tigre» Acosta, jefe operativo del principal centro clandestino de la Marina, estuvo preso primero por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos y por robo de bienes de las víctimas; en 2011 recibió su primera condena, a prisión perpetua, en el juicio por los crímenes en la ESMA y más adelante fue condenado por el robo de niños.

 

El juicio que se conoció como ESMA II incluyó acusaciones por los homicidios de los 12 integrantes del Grupo de la Iglesia Santa Cruz, entre los que estaban Azucena Villaflor, las primeras Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.

 

Muchas de las condenas sumaron la privación ilegal de la libertad, tormentos, robo de bienes y el homicidio del periodista y escritor Rodolfo Walsh.

 

Algunos de los acusados, sentenciados a perpetua, como Astiz, Radice, Cavallo y también Donda, podrían recibir el beneficio del dos por uno y quedar libres.

 

Radice está procesado en siete causas más, también por apropiación de bienes. Donda tiene cuatro causas más, una de ellas por la apropiación de Victoria Donda. Cavallo tiene siete causas más.