Uber cumple un año en la Ciudad y sigue la pelea en la Justicia y en las calles

El 12 de abril de 2016 Uber anunció que empezaba a operar en la Ciudad de Buenos Aires. Fue un desafío, porque no estaba habilitada como empresa de taxis o remises ni sus choferes contaban con licencia profesional o seguro para los pasajeros. Pero, ¿cómo frenar a una compañía con base en Holanda, que funciona como una plataforma tecnológica que conecta al conductor de un auto con alguien que desea hacer un viaje? Se abrieron causas judiciales, se bloquearon los pagos con tarjetas de crédito, los taxistas hicieron protestas y el Gobierno porteño declaró ilegal al servicio, pero un año después Uber continúa.

Desde que llegó, al menos 200 mil pasajeros diferentes usaron Uber. Cuando empezó, más de 300 mil personas habían descargado la aplicación y otras 30 mil se habían anotado para ser choferes. Hoy, según la empresa, son 1.100.000 los que tienen la aplicación y hay más de 110 mil interesados en ser choferes, aunque los activos son 5.000. Más del 60% tiene otros trabajos y el 90% es dueño de su auto.

¿Por qué la gente usa un servicio declarado ilegal? Primero, porque es más barato. El costo base del viaje es de $ 18, más $ 5,50 por km y $ 2 por minuto de espera, con un viaje mínimo de $ 30. Los taxistas, que sí están habilitados, pagan impuestos y tienen un seguro que cubre a sus pasajeros, cobran $ 23,30 la bajada de bandera y $ 2,32 cada 200 metros o por minuto. De 22 a 6, el precio sube un 20%.

Antes Uber se podía pagar con tarjeta, y eso era una ventaja, pero como la Justicia se las bloqueó ahora acepta efectivo. Otro atractivo del servicio es que permite saber de antemano quién es el chofer, calificarlo y seguir el recorrido del auto. Por eso, los taxistas y el Gobierno porteño armaron su propia aplicación legal, el BA Taxi, cuyo lanzamiento se viene demorando.

Desde hace dos meses, Uber obliga a sus choferes a tramitar la licencia profesional y a anotarse como monotributistas o responsables inscriptos en la AFIP. Para deslindar responsabilidades, en la empresa afirman que sólo brindan un servicio de tecnología a los choferes y a los pasajeros. «El servicio de transporte es prestado por el chofer, que es quien debe pagar impuestos. Y el Código Civil y Comercial habilita el contrato de transporte entre privados», dicen.

Sin embargo, Uber se queda con una comisión del 25% por cada viaje y ese dinero termina en Holanda, el único país donde tributa. «El chofer contrata un servicio de Holanda, y eso no es muy distinto a contratar Netflix o Spotify, que sólo tributan en sus países», dicen en la empresa, que tiene en trámite su inscripción en la Argentina sólo para brindar servicios auxiliares. Lo cierto es que, por una resolución de la AGIP, Netflix o Spotify sí tienen que pagarle a la Ciudad un 3% de la tarifa que abona cada suscriptor por Ingresos Brutos.

Uber está en el banquillo por varias causas judiciales. La Justicia en lo Penal Económico de la Nación lleva una por evasión tributaria y lavado de dinero. Las otras están en manos de la Justicia de la Ciudad. Hay una causa contravencional contra Uber y sus directivos por organizar una actividad lucrativa no autorizada en el espacio público, que se sanciona con multas de $ 10 mil a $ 60 mil, y por violar la clausura de la web y de la aplicación, con penas de $ 5 mil a $ 60 mil o arresto de 5 a 20 días. También hay una causa contra los 4.000 choferes identificados, por la contravención de ejercer ilegítimamente una actividad y exceder los límites de su licencia. Ellos podrían recibir multas de $ 5.000 a $ 60.000 o de 5 a 20 días de arresto.

«Hicimos 40 allanamientos, 20 bloqueos de billeteras virtuales como Rapipago o Pago Fácil y el de las tarjetas de crédito -repasa el fiscal porteño Martín Lapadú-. Pedimos el bloqueo de la web de Uber y de su aplicación. Como las prestatarias de Internet no pueden hacerlo sólo en la Ciudad, como ordenó la jueza, en enero solicitamos el bloqueo nacional. Nos lo autorizaron y la empresa apeló. Pero nos denegaron la detención de los directivos de Uber y nosotros apelamos. También denunciamos que Uber destruye pruebas: cuando allanamos las casas de los choferes y secuestramos sus celulares, al mismo tiempo les borró en forma remota la aplicación y sus contenidos».

En la Ciudad hay otra causa por evasión tributaria, un delito con penas de 2 a 6 años de prisión efectiva. Es contra Uber y sus responsables locales, incluyendo al gerente general Mariano Otero. «Vamos a llamarlos a indagatoria en mayo, cuando esté la determinación de oficio de la AGIP sobre cuánto deberían haber pagado de Ingresos Brutos -anticipa Lapadú-. Calculamos que la cifra supera los $ 2 millones. Porque cuando allanamos Payment Collection SRL, que hace los movimientos comerciales de la empresa, pudimos establecer que entre abril y octubre de 2016 Uber facturó $ 65 millones».

El allanamiento también reveló la ruta del dinero. «Una empresa de bolsa de Buenos Aires saca el 100% a bancos de Hong Kong y Shanghai y, diez o quince días después, regresa el 75%, que ingresa a diferentes billeteras virtuales que les depositan los pagos a los choferes -cuenta Lapadú-. Estoy convencido de que el negocio de Uber es la ilegalidad. Aún sin habilitación, está cumpliendo un año. Y es todo un año de ganancia pura».

A pesar de su irregularidad, Uber logró instalarse como una opción para viajar. Y desde la empresa esperan que en la Ciudad se abra el debate para armar un marco regulatorio a su medida. Porque no es un taxi ni un remise. Es Uber.