WASHINGTON.- En plena confrontación por el juicio contra Jair Bolsonaro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó esta tarde una orden ejecutiva que implementa un arancel adicional del 40 % sobre Brasil, elevando el arancel total al 50 %. Adicionalmente, se impusieron nuevas sanciones económicas al magistrado de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, que tiene a cargo el proceso contra el exmandatario brasileño.
Horas antes de conocerse la medida de Trump, el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, afirmó en una entrevista con The New York Times que su país “nunca negociará como si fuera un país pequeño contra un país grande. Brasil negociará como un país soberano”.
“En la política entre dos Estados, no debe prevalecer la voluntad de ninguno. Siempre debemos encontrar un punto medio. Esto no se logra inflando el pecho y gritando cosas inalcanzables, ni agachando la cabeza y simplemente diciendo ‘amén’ a lo que Estados Unidos quiera”, subrayó.
El punto de conflicto entre los dos países es el juicio que se sigue en Brasil contra Bolsonaro, que ejerció la presidencia entre 2019 y 2022, y que está acusado de tentativa de golpe de Estado contra Lula da Silva en 2022. El pasado 18 de julio la Justicia le colocó además al expresidente una tobillera electrónica, en el marco de una investigación para determinar si incentivó a Trump a imponer sanciones contra Brasil, con el objetivo final de interferir en el proceso judicial en su contra.
Según el texto de la orden ejecutiva firmada este miércoles por Trump, la suba de aranceles tiene como objetivo “abordar políticas, prácticas y acciones recientes del gobierno de Brasil que constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos”.
El documento también afirma que “miembros del gobierno brasileño han tomado medidas sin precedentes para coaccionar tiránica y arbitrariamente a empresas estadounidenses para que censuren el discurso político, expulsen a usuarios de plataformas, entreguen datos confidenciales de usuarios estadounidenses o modifiquen sus políticas de moderación de contenido bajo pena de multas extraordinarias, procesamiento penal, congelación de activos o exclusión total del mercado brasileño”.
Luego indica que la práctica “socava no solo la viabilidad de las operaciones comerciales de empresas estadounidenses en Brasil, sino también la política de Estados Unidos de promover elecciones libres y justas y proteger los derechos humanos fundamentales en el país y en el extranjero”.
En el mismo texto, la Casa Blanca acusó además al juez de Moraes de “emitir unilateralmente cientos de órdenes para censurar en secreto a sus críticos políticos”.
“Cuando las empresas estadounidenses se negaron a cumplir con dichas órdenes, impuso multas significativas, excluyó a dichas empresas del mercado brasileño de redes sociales, amenazó a los ejecutivos con procesos penales y, en un caso, congeló los activos de una empresa estadounidense en Brasil para obligarlas a cumplir”, se lee en el extracto.
El documento concluye afirmando que el presidente Donald Trump “ha utilizado con éxito los aranceles en el pasado para promover los intereses de Estados Unidos y abordar otras amenazas urgentes a la seguridad nacional” y que, con su movimiento hacia Brasil, “lo está haciendo de nuevo hoy”.
Trump ya había anunciado la aplicación del arancel extra sobre Brasil a principios de este mes. Y este miércoles por la mañana, afirmó que no extendería el plazo límite del 1 de agosto para que los socios comerciales del país, incluido Brasil, negocien aranceles con Estados Unidos.
“La fecha límite del 1 de agosto es la fecha límite del 1 de agosto; se mantiene firme y no se extenderá. ¡Un gran día para Estados Unidos!”, escribió Trump en mayúsculas en Truth Social.
Brasil es el país con el arancel más alto aplicado hasta ahora (50%) porque, según Trump, el Supremo Tribunal Federal (STF) está llevando a cabo una “cacería de brujas” al juzgar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado. En la carta que envió a Brasil, Trump exige el fin del juicio. El gobierno brasileño reiteró que el poder judicial brasileño es un poder independiente.
El 2 de abril de este año, Trump anunció lo que denominó “aranceles recíprocos” para todos los países del mundo. Aseguró que iniciaría negociaciones con cada gobierno para exigir la apertura de sus mercados e inversiones en Estados Unidos. En aquel momento, el arancel anunciado era proporcional al déficit comercial de Estados Unidos con cada país.
En el caso de Brasil, Estados Unidos tiene un superávit, lo que significa que exporta más al mercado brasileño de lo que compra productos brasileños. Por lo tanto, inicialmente se amenazó a Brasil con un arancel del 10%.
Varios países celebraron rondas de negociación con Estados Unidos, entre ellos Japón y la Unión Europea, y lograron reducir el arancel recíproco anunciado inicialmente. Otros, a su vez, fueron blanco de nuevas amenazas de Trump, quien aumentó el arancel prometido. Entre ellos se encontraban Brasil, México y Canadá.
Sanción contra de Moraes
En el caso de de Moraes, la argumentación presentada por el Departamento de Tesoro castiga al magistrado de la Corte Suprema por “autorizar detenciones arbitrarias” y “suprimir la libertad de expresión”.
Las sanciones se imponen en virtud de una ley estadounidense conocida como Global Magnitsky que castiga a quienes hayan cometido o estén vinculados a violaciones de los derechos humanos o corrupción en el mundo.
El juez Moraes ”es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y juicios politizados, incluido el del expresidente Jair Bolsonaro», acusado de intentona golpista, afirma el secretario del Tesoro Scott Bessent, citado en un comunicado.
“Se ha tomado la libertad de ser juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas”, añadió.
Como resultado de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, todos los bienes y participaciones de Moraes que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.
El 18 de julio el Departamento de Estado ya había revocado la visa del magistrado y de sus familiares cercanos.
El Departamento del Tesoro lo acusa de someter “a las víctimas a largas detenciones preventivas sin presentar cargos” y de socavar “los derechos de los brasileños y estadounidenses a la libertad de expresión”.
Washington cita varios casos como el del arresto de “un periodista durante más de un año”, el supuesto ataque “a políticos de oposición”, entre los que incluye a Bolsonaro, y plataformas de redes sociales estadounidenses.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aumentó la presión en otro comunicado.
“Estados Unidos utilizará todos los instrumentos diplomáticos, políticos y legales apropiados y eficaces para proteger la libertad de expresión de los estadounidenses de actores extranjeros maliciosos que intenten socavarla”, advirtió.
El año pasado Moraes bloqueó temporalmente X en Brasil hasta que la red social cumpliera su orden de eliminar las cuentas acusadas de difundir desinformación.
Posteriormente, ordenó suspender Rumble porque esta plataforma para compartir videos, popular entre los conservadores y la extrema derecha, se negaba a bloquear la cuenta de un usuario residente en Estados Unidos que era buscado por difundir desinformación.
Eduardo Bolsonaro, tercer hijo de Bolsonaro-diputado con licencia radicado en Texas desde el 18 de marzo- ha tenido en Estados Unidos un rol muy activo en la defensa su padre y viene trabajando “estrechamente con la Casa Blanca” en cuanto a las sanciones contra de Moraes, según publicó el diario The Washington Posten base a cuatro fuentes.
De hecho, el líder del PT en la Cámara de Diputados de Brasil, Lindbergh Farias. Formuló graves acusaciones la semana pasada contra Eduardo Bolsonaro. “Está claro que lo que está haciendo es un delito, delito de traición a la nación”, dijo.
