La Casa Blanca apuntó contra políticas de Lula que “constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de EE.UU.”
La medida beneficiará a quienes cazan en Zambia y Zimbabue; según el gobierno, la medida permitirá "recaudar fondos para la conservación".
En ese sentido, se revocó la prohibición impuesta por Barack Obama en 2014 de importar los muy cotizados colmillos de marfil de este animal amenazado y cuya población en África disminuye rápidamente.
El Servicio de Pesca y Fauna Salvaje (USFWS) «emitirá licencias para importar trofeos de elefantes cazados con fines recreativos en Zimbabwe desde el 21 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018», escribió el jueves en su sitio web la agencia federal de caza y pesca de Estados Unidos.
«La caza deportiva legal, bien regulada como parte de un programa administrativo sensato puede beneficiar a ciertas especies al ofrecer incentivos a comunidades locales para conservar esas especies y al devolver necesitados fondos para efectos de conservación», aseguró la agencia.
La decisión fue elogiada por el Safari Club International y el lobby pro armas Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), precisamente dos organizaciones que habían apelado la prohibición.
Sin embargo, provocó la bronca de asociaciones de protección de los animales. El elefante africano, el mayor animal terrestre, está clasificado como en peligro de extinción desde 1979.
«Comportamiento reprobable de la administración Trump, 100 elefantes son abatidos ya todos los días. Esto llevará a más caza furtiva», denunció The Elephant Project en Twitter.
La asociación estadounidense de defensa animal PETA también criticó el argumento oficial, que según ellos «equivale a vender un niño en el mercado negro con el fin de recaudar dinero para luchar contra la violencia hacia los niños».
La caza furtiva ha puesto al elefante africano entre las especies en peligro de extinción y se estima que la población disminuyó un 30% en ese continente entre 2007 y 2014.
La Casa Blanca apuntó contra políticas de Lula que “constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de EE.UU.”
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