Una de las querellas lo acusó de ser coautor del delito de administración fraudulenta y solicitó que sea inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Además, se solicitó que fuera inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Esta querella, representada por el abogado Javier Moral, afirmó que De Vido debe ser condenado como coautor del delito de administración fraudulenta. Dijo que en función de su cargo como «máxima autoridad» del Ministerio de Planificación «tenía pleno conocimiento del deplorable estado» de los trenes, pero «no adoptó ninguna medida» para revertir esta situación.
Consideró, en favor de De Vido, que «no tiene condenas previas» (esta sería la primera) y no pidió que se lo condenara por «estrago culposo», el otro delito por el que lo juzgan, porque sostuvo que el responsable de la conducción imprudente solo pudo haber sido Córdoba. Lo fundamentó con argumentos técnico-jurídicos.
Sin embargo, según la querella, una cosa es la «impericia conductiva» del maquinista y otra, la responsabilidad de los funcionarios públicos que pudieron haber evitado la tragedia; por ejemplo, si hubieran renegociado como debían el contrato con TBA.
Esta empresa -dijo la querella- recibió un trato mucho más benévolo que otras compañías que tuvieron muchas más sanciones a pesar de que sus incumplimientos eran menos graves.
Moral sostuvo que la tragedia fue producto de «dos fallas humanas»: una, del maquinista Marcos Córdoba (ya condenado en el juicio anterior), «que no frenó»; otra, de los funcionarios que se desempeñaron con «desidia» y no cumplieron con sus deberes, a pesar de que conocían el estado del material rodante, la mala calidad del servicio prestado y el riesgo que implicaba para los usuarios.
Asimismo, alegó ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital, Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez.
En este proceso, De Vido está siendo juzgado junto con Gustavo Simeonoff, extitular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN). Para él, la querella que alegó hoy pidió una pena de tres años de prisión, también como «coautor del delito de administración fraudulenta».
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