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Cinco días tiene el Ejecutivo, a través de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), para responder. Así lo exigió la jueza en lo Contencioso Administrativo Patricia López Vergara, quien basó su decisión en la necesidad de contar con documentación que justifique el aumento pretendido. Mientras tanto, el Gobierno porteño adelantó que apelará. Y manifestó su intención de subir el boleto en forma directa a $12,50, en caso que la aplicación del incremento se dilate por cuestiones judiciales a junio.
El ente porteño quería llevar el boleto actual de $7,50 a $11 en abril. La idea era luego completar la suba el 1° de junio, con otro salto, que iba a hacer crecer la tarifa a $12,50, un 66% más arriba que ahora. Pero no pudo subir el boleto ni en abril ni en mayo. La decisión de la jueza López Vergara es la segunda demora en el esquema de SBASE. También, el segundo llamado de atención en lo que va del año de la Justicia porteña sobre la manera en que se define la tarifa. Antes, otro juez, Guillermo Scheibler, entendió que la difusión de la audiencia pública -paso previo y obligatorio para implementar aumentos- fue “parcial e incompleta, omitiendo la fecha, lugar y horarios”.
Tanto la decisión de la jueza López Vergara, como del juez Scheibler, estuvieron fundadas en amparos de Myriam Bregman y Patricio del Corro, legisladores del Frente de Izquierda, entre otros actores. “Que ahora digan que van a llevar el boleto a $12,50 es una extorsión. No pudieron justificar ante la Justicia una tarifa de $11 y, en lugar de dar explicaciones, pretenden imponer otro castigo. No tiene lógica», se queja Bregman.
La tarifa del subte no se modifica desde octubre de 2016. Desde SBASE insisten con que el boleto requiere una actualización por el alza de los costos operativos, como consecuencia de la inflación. Para sus autoridades la tarifa técnica es de $18. Esa cifra, que es la que se cobraría sin subsidio, surge de dividir los costos de explotación, que según el ente son de $ 5.634 millones por año, por los 312 millones de pasajeros que pagan boleto. «La Facultad de Ingeniería de la UBA certificó nuestra manera de hacer el cálculo. Aunque no estamos de acuerdo con el fallo de la jueza y apelaremos, vamos a darle ese informe, junto a otros datos que nos exige«, dice Eduardo De Montmollin, presidente de SBASE.
Entre las demandas de la jueza, figura además la presentación del acuerdo de operación y mantenimiento entre SBASE y Metrovías, así como las constancias del estado contable del servicio. También, solicita informes que respalden el monto de subsidios entregados a Metrovías entre 2013 y 2017. Bregman cataloga esas erogaciones como «cajas negras». De Montmollin dice que «lo gratis no existe y que lo que no se paga por tarifa lo termina poniendo el Gobierno porteño con subsidios».
En un escrito presentado ante la jueza en abril, en el que se le pedía no hacer lugar al amparo de los legisladores porteños, el Ejecutivo dijo que sin aumentos estaría obligado a adoptar un plan de contingencia. Y que, en ese caso, «se retirarían formaciones en todas las líneas y la frecuencia pasaría de tres minutos a 12». Y agregaron: «De no adecuarse la tarifa a $11, significaría por día el desembolso en forma aproximada de $2.5 millones de las arcas públicas en subsidios».
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