La iniciativa es necesaria para el combate de la corrupción y es un incentivo para que empresas que detectan corrupción en su estructura cooperen con la Justicia
Entre los anotados en la lista de invitados figuran Raúl Plee, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal; Agustín Carrara, director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE); Sebastián Rodríguez Narvaja, fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos del Ministerio Público de Acusación de Santa Fe y el abogado penalista Jorge Sandro.
También fueron convocados Carlos Cruz, profesor de derecho penal de la Facultad de Derecho (UBA); Carmen Chena, directora de la Unidad de Recupero de Activos del Ministerio Público Fiscal; Marcos Grabivker, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B; Roberto Boico, ex juez subrogante de la Cámara Federal de Casación Penal y Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá, fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La discusión en la comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside el senador Pedro Guastavino (FPV) comenzó la semana pasada, con la exposición de la titular de la oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien declaró que la iniciativa es «muy necesaria para el combate de la corrupción» y es «un gran incentivo para que la empresa que detectó corrupción en su estructura coopere con la Justicia» pero pidió algunas modificaciones.
Durante la reunión del último miércoles, el jefe de los senadores del PJ-FPV, Miguel Pichetto, adelantó que no promoverá el apoyo a la norma tal como fue aprobada a principios de mes por los diputados al considerar que la cuestión de la imprescriptibilidad le parece «un verdadero mamarracho» y al señalar que «asimilar los delitos de la administración pública a los delitos de lesa humanidad es una exageración».
En el mismo sentido se expresó la senadora de Cambiemos, Silvia Elías de Pérez, quien calificó como «riesgoso avanzar en la ley tal como está».
El proyecto de ley que establece responsabilidades penales para las personas jurídicas por delitos contra la administración pública y por cohecho sufrirá modificaciones y deberá volver a Diputados una vez que sea aprobado por el Senado, algo que se estima podría postergarse hasta después de las elecciones legislativas, de acuerdo a lo expresado por miembros del oficialismo y de la oposición.
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