El gobierno de Alberto Rodríguez Saá consideró que el último incremento de las tarifas es "inconstitucional e inaplicable".
El recurso de amparo fue presentado por el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, y el jefe del Programa Defensa al Consumidor, Alberto Montiel Díaz, informó este lunes la Agencia de Noticias del estado provincial.
Los funcionarios provinciales calificaron como «inconstitucional e inaplicable» el aumento en la tarifa del gas y la demanda pretende proteger de las subas a clientes, usuarios, beneficiarios, instituciones públicas provinciales y consumidores más vulnerables.
Los fundamentos de la presentación tienen raíz en la «inconstitucionalidad de las normas y acuerdos que autorizan la dolarización del precio en la adquisición del gas» por parte de las empresas, y que ellas trasladen esos costos a la tarifa final que llega al usuario.
Para el Estado provincial, esa determinación viola los derechos de los consumidores y específicamente lo dispuesto en los artículos 1°, 14°, 16°, 17°, 42° y 75° inc. 22° de la Constitución Nacional.
Montiel Díaz consideró que el aumento en la tarifa «afecta la razonabilidad, gradualidad y racionalidad, que fueron criterios de validez y legalidad de las tarifas de servicios públicos» impuestos por la Corte Suprema de Justicia en sus recientes fallos.
Por su parte, Allende remarcó que debe acogerse favorablemente esta acción «en beneficio de los derechos de usuarios y consumidores», para garantizar la continuidad de la prestación de servicios esenciales vinculados a la salud y a la educación, entre otros.
«El aumento de servicios públicos derivado de garantizar ganancias en dólares a las empresas constituye un cargo que no tiene respaldo legal y violenta la valoración político-constitucional de la moneda como manifestación de soberanía», sostuvo.
«Afecta -agregó- lo dispuesto en el inciso 19 del artículo 75, conocido como la ‘Cláusula del progreso económico y social’, donde se establece que corresponde al Congreso proveer lo conducente a la defensa del valor de la moneda», estimó.
«La dolarización de facto de cualquier segmento de la economía es palmariamente inconstitucional», indicó Allende y recordó que para la traslación del precio dolarizado del gas a los usuarios, no se cumplió con el procedimiento de audiencia pública».
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