Revive la idea de ampliar el tribunal de la Corte a siete

Luego de la semana más tensa en la Corte Suprema de Justicia por el fallo con el que la mayoría favoreció con el 2×1 a los represores, comenzó a cocinarse a fuego lento una idea que había quedado en suspenso a fines de 2015:  la ampliación del máximo tribunal a siete integrantes.

Con el PJ como impulsor, pero con tanteos a otras fuerzas políticas, la ampliación del máximo tribunal a siete integrantes cobró nuevo vigor como reacción al impacto institucional que generó la sentencia, que agarró mal parada a la Casa Rosada y obligó a recalcular sus alcances con un parche legislativo consensuado.

La sensación de que la «deslegitimación» del Tribunal podría comprometer su funcionamiento -incluyendo en el combo la insurrección de tribunales federales inferiores- alimentó la hipótesis de que nuevos miembros (dos o tres) podrían descomprimir su situación y «compensar» las expectativas del peronismo para negociar lugares.

La iniciativa fue hasta ahora tratada por canales informales, luego de que mermara el frenesí por obtener la ley que acote los alcances del fallo supremo. La Corte anunció que a partir de hoy concentraría el resto de los planteos de represores que están en el tribunal, consultaría a las partes y volvería a expedirse teniendo en cuenta el nuevo marco regulatorio. Cumplirá con su parte del trato que incluye validar constitucionalmente una norma discutible, pero que funcionará como «interpretación auténtica» de la derogada ley del 2×1. Tras las consultas de los legisladores con los supremos, el texto sancionado cerrará cualquier margen para que exista una aplicación efectiva en beneficio de algún condenado por delitos de lesa humanidad.

Pero los cuestionamientos para el día después de la Corte se preanunciaron en la misma sesión en la que el Senado convirtió en ley la reinterpretación del fallido 2×1. Adolfo Rodríguez Saá fue el más explícito al reclamar su ampliación y federalización. Miguel Ángel Pichetto señaló el descrédito en el que la mayoría hizo incurrir al Tribunal. Ambos le apuntaron a Elena Highton de Nolasco por su permanencia post-75 años y la forma en la que obtuvo su amparo.

La jueza se mostró enojada en el último plenario y en desacuerdo en cómo se había interpretado su posición anterior con respecto a planteos similares que no eran sobre el fondo de la cuestión. Sobre ella presionará la política para intentar que de todas formas deje el cargo a fines de año. La idea de sumar dos nuevas vacantes fue consultada con un influyente magistrado que esperaba ese movimiento apenas asumió Cambiemos. Género y especialidad (para lograr equilibrio y sumar un penalista) estarán de nuevo en el menú de discusión. A interlocutores del Frente Renovador no les desagradó la idea.

El kirchnerismo colaborará con la tormenta azuzando los pedidos de juicio político en el Congreso. Salvo Juan Carlos Maqueda, los otros cuatro integrantes están -aunque por distintos motivos y sin chances reales de avance- «sujetos a los vaivenes de la política». La inédita insurrección de tribunales orales federales a un fallo supremo no alcanzó a ser contrarrestada con la defensa que hizo la Asociación de Magistrados de Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

El Tribunal Oral Federal de Tucumán graficó el nivel de rebeldía generalizado tras rechazar aplicar la doctrina «Muiña», anotando que se trata de una «amnistía camuflada de argumentos falaces de garantismo»; que «atenta contra el ordenamiento jurídico»; y que es «inconstitucional e inconvencional». El fallo lesionó el intento de la Corte de ser ordenadora puertas adentro del Poder Judicial.

Pese a haber quedado en mejor posición y con un impasse forzado en la puja interna por la presidencia, Ricardo Lorenzetti no disipa el nubarrón de Elisa Carrió. A oídos de la diputada llegó un gasto total de $283.095.460 (en diversas partidas) para acondicionar la Biblioteca Central de la Corte en un edificio de Rivadavia 763/767/771, que permanece en obra desde 2009 y en estado edilicio ruinoso. La Corte obtuvo sucesivas remesas de dinero para la puesta a punto del proyecto, y la cuestión inmobiliaria comenzó a interesar a Carrió para utilizarla como un nuevo estilete en su cruzada contra el presidente del Tribunal. Solo Mauricio Macri podría evitar una nueva arremetida.

En año electoral, las ideas de ampliación pueden quedar obturadas, por lo que se relativizaron avances rápidos. La agenda de la Corte no ofrece garantías de tranquilidad: la resolución del caso Milagro Sala apuntaba a involucrar tangencialmente un tema espinoso como una definición amplia de las prisiones preventivas. El asunto sigue en estudio, pero madurando una sentencia que podría no agradar a la Casa Rosada.