Después de un «tira y afloje» que se extendió durante varias semanas, y en un extraño caso de cooperación y colaboración entre el oficialismo y la oposición dentro y fuera del Congreso, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la ley de emergencia alimentaria, y todo está dado para que la semana que viene el Senado convierta el proyecto en ley.
Con 222 votos a favor y solo una abstención (la diputada de la izquierda Mónica Schlotthauer) la Cámara baja aprobó la iniciativa impulsada por la oposición. Si el Senadoaprueba el proyecto, tal como está previsto, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación le costará al Estado unos $10.489 millones.
La norma que llegará a la mesa de entradas de la Cámara alta establece una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 de la emergencia alimentaria nacional dispuesta por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 108/2002.
Además, enumera las obligaciones del Estado respecto de la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población, y establece un «incremento de emergencia como mínimo del 50% de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición«.
