Para los especialistas consultados, la Argentina no tenía una suficiente cobertura legal al respecto como sí otros países; la decisión alcanzará también al nivel superior
La medida fue una buena noticia para quienes desde distintos ámbitos vienen reclamando que la educación no se convierta en una caja de resonancia de la política y que los docentes, más allá de su formación y elección política, transmitan contenidos sin impartir su propia ideología, ni en un sentido ni en otro, sin importar sus orientaciones o creencias.
Finalmente, el Gobierno nacional decidió avanzar en una medida que seguramente, así como es celebrada por muchos, recibirá sus críticas. Por medio del Boletín Oficial, el Gobierno publicó dos decretos para garantizar una cierta neutralidad política. Por un lado, prohibió la exhibición de referencias en edificios del Estado y, por el otro, modificó una ley para apuntar contra la imposición de pensamientos en la niñez, principalmente en el ámbito educativo. Los alcances de este decreto, sin embargo, no se limitarían a las escuelas, sino que el Gobierno pretende incluir a la educación superior en esta medida. Y es allí donde esta decisión podría generar más controversias.
Claudia Romero es una de las especialistas en Educación que desde hace años viene cuestionando el uso político y el adoctrinamiento en las aulas. “La protección de los alumnos contra la propaganda política en las escuelas es esencial y la Argentina no tenía una suficiente cobertura legal al respecto como sí [lo tienen] otros países, de manera que estos son pasos importantes siempre que se vele por su cumplimiento”, dijo.
Mediante el decreto 1086/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial se modificó la reglamentación de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en 2006. En esta ocasión, el Gobierno agregó un párrafo al artículo 9, en el cual afirma: “La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, constituyendo un trato que afecta su integridad personal”.
También añadió una parte al artículo 15 de la reglamentación, en el cual se expresa: “La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la educación, conforme los términos del artículo que se reglamenta”.
Por último, al artículo 19 sumó: “La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la libertad de los niños, niñas y adolescentes, conforme los términos de los incisos a) y b) del artículo que se reglamenta, así como su libertad de conciencia”.
Sin embargo, la modificación no prevé qué sanción le podría corresponder a quien infrinja la norma.
“Hay modos más groseros y más sutiles de la propaganda. Está la bajada de línea directa y brutal como el de aquella profesora de La Matanza que agrede y humilla a un estudiante porque se animó a refutar su panfleto kirchnerista. Pero también hay otras formas que están naturalizadas, por ejemplo en los libros o materiales que reparten en las escuelas los gobiernos nacional y provincial, donde los funcionarios ponen sus nombres en la primera página, lo cual es un exceso”, dijo Romero.
Y agregó: “En Brasil, por ejemplo eso está prohibido. Otra forma: los funcionarios se sacan fotos con niños en las escuelas, generalmente pobres, entregándoles computadoras o cualquier otra cosa, que luego suben a sus redes, otra vez eso vulnera derechos. Ningún niño debe ser utilizado para que un funcionario se promocione aprovechándose justamente de su vulnerabilidad. Hay que poner un límite legal a esos abusos también”.