El oficialismo anunció cambios a último momento y buscó agrupar varios artículos bajo un mismo bloque. La oposición denunció un “chantaje”
El capítulo 11 del Presupuesto 2026 reunió algunos de los artículos más discutidos del proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Allí se incluyeron disposiciones vinculadas a discapacidad, universidades públicas, coparticipación federal, subsidios energéticos y financiamiento del Poder Judicial, además de cambios que ampliaban las facultades del Ejecutivo.
Durante la sesión en la Cámara de Diputados, el oficialismo propuso que la votación en particular se realice por títulos completos, una estrategia que agrupaba varios artículos bajo un mismo bloque. La iniciativa apuntó a evitar que aliados circunstanciales se desmarquen en puntos sensibles, en especial los relacionados con la derogación de leyes de emergencia.
Según el texto enviado por el Ejecutivo, el capítulo XI incorporó demandas de aliados parlamentarios, como los fondos que Nación adeuda a la Ciudad de Buenos Aires, reclamados por Jorge Macri, junto con modificaciones en la ley de zonas frías, recursos para la Justicia y la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Educativo.
Bertie Benegas Lynch fue el encargado de anunciar quese incluiría dos modificaciones al texto: la coparticipación de CABA y un aumento de financiamiento para el Poder Judicial (por $21 mil millones) en el capítulo 11, junto con la derogación de las leyes de discapacidad y universidades.
“Por el articulado tiene que ir en el artículo 2, no tiene nada que ver con el capítulo 11. Tenemos que ser un poco más leales y decir ‘esto va acá y esto va allá’. El PRO va a votar en general y en particular, pase lo que pase”, manifestó el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, visiblemente molesto con la maniobra de los libertarios.
Desde distintos bloques se señaló que el esquema funcionó como un paquete cerrado. Si se pretendía aprobar mayores recursos para el Poder Judicial, se debía acompañar la derogación de las dos leyes que el Ejecutivo vetó y sobre las cuales el Congreso insistió. Varios diputados calificaron esa maniobra como un “chantaje”.
Uno de los ejes centrales fue la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada a mitad de año como respuesta al ajuste sobre las universidades públicas. La norma garantiza fondos para funcionamiento, salarios docentes y no docentes, becas, hospitales universitarios e investigación, además de establecer actualizaciones por inflación y tipo de cambio y mecanismos de control estatal.
El capítulo 11 habilitaba la derogación de esa ley dentro del Presupuesto. Desde el oficialismo se argumentó que la medida buscaba “ordenar” el gasto, mientras que la oposición sostuvo que implicaba desactivar una protección clave frente al recorte presupuestario.
También se incluyó la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esa norma obliga al Estado a garantizar tratamientos, actualizar aranceles profesionales, sostener instituciones, cubrir transporte y mantener pensiones y cupos laborales. El intento de eliminarla dentro del capítulo XI volvió a encontrar resistencia en el recinto y la emergencia continuó vigente. En ese marco, la Agencia Nacional de Discapacidad quedó obligada a informar sobre la ejecución de su presupuesto.
El capítulo presupuestario incorporaba además medidas sensibles en materia energética. Entre ellas, una reconfiguración de los subsidios al gas que implicaba un recargo generalizado para financiar beneficios concentrados en la Patagonia, Malargüe y la Puna, y la eliminación de la ampliación de la Ley de Zona Fría sancionada en 2021, que otorgaba descuentos a sectores vulnerables de regiones frías.
El tablero marcó 123 votos en contra, 117 a favor y 2 abstenciones para el capítulo 11. Con ese resultado, la oposición mantuvo vigentes las leyes de emergencia y el oficialismo aceptó la derrota en uno de los tramos más controvertidos del debate.
En total, votaron en contra tres diputados de Elijo Catamarca, dos tucumanos de Independencia, un salteño de Innovación Federal, la diputada de La Neuquinidad Karina Maureira, y 14 integrantes de Provincias Unidas, donde pisan fuertes los gobernadores de Córdoba y Santa Fe. La UCR votó dividida, tres jugaron a favor del oficialismo, uno votó en contra y dos se abstuvieron.
El oficialismo anunció cambios a último momento y buscó agrupar varios artículos bajo un mismo bloque. La oposición denunció un “chantaje”
Es el que incluían la derogación de las leyes de Discapacidad y Universidades. El Gobierno dice que, si no hay cambios, podría vetar el proyecto. Errores de cálculo que terminaron mal.
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