El Tribunal Constitucional determinó que deberá ser detenido y enviado a prisión en España, para asistir a investidura en Parlamento catalán.
El ex presidente de la región de Cataluña había solicitado a un juez del Tribunal Supremo permiso para participar en persona en el pleno de investidura del Parlamento autonómico, el martes 30, en el que es candidato a la reelección.
Cabe consignar que Puigdemont huyó a Bruselas el 30 de octubre y desde entonces elude la orden de la Justicia española, que le investiga por presuntos delitos de rebelión y sedición, entre otros, por impulsar un proceso secesionista ilegal.
Obtener ese permiso es el único modo para hacer legal el debate de investidura del dirigente independentista, después de que en la noche del sábado se pronunciara al respecto el Tribunal Constitucional (TC) español.
Sin embargo, esta alternativa se hace casi imposible porque el magistrado Llarena no le concederá su autorización como tampoco lo hizo ante los pedidos de Oriol Junqueras de presentarse al parlamento como diputado electo.
En esa misma situación están los cuatro exconsejeros regionales cesados que se fugaron con él a Bruselas el pasado 30 de octubre y de los que tres de ellos, anunciaron que mañana renunciarán a su escaño (resultaron elegidos en las elecciones del 21 de diciembre) para blindar así la mayoría independentista en la cámara.
En las filas independentistas, cuyos partidos tienen mayoría en la Cámara autonómica (70 escaños de 135), insisten en la opción de Puigdemont y, así, la dirigente de su partido Marta Pascal dijo hoy que si el candidato «se pudo presentar a las elecciones debe poder ser investido».
Por el contrario, entre los partidos defensores de la legalidad y la unidad de España plantearon a los independentistas que cambien de idea.
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