Presentan un proyecto que busca abaratar los costos y facilitar el acceso a los alquileres

Asociaciones civiles y diputados de la oposición impulsan una iniciativa para bajar los gastos de alquileres, pero desde el sector inmobiliario advierten que algunas de esas propuestas podrían encarecerlos. En tanto, el oficialismo aseguró estar dispuesto a discutir el tema.

El proyecto fue elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Ministerio Público de la Defensa, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las asociaciones Inquilinos Agrupados y La Boca Propone, más la Dirección de Acceso a la Justicia de la Procuración nacional. Lo apoyaron legisladores del Frente para la Victoria, Suma+, el Partido Socialista Auténtico, el peronismo, la izquierda y otros.

La iniciativa tiene tres puntos principales. Primero, eximir a los inquilinos del pago de los honorarios a las inmobiliarias, que sólo deberían abonarlos los propietarios y no podrían superar el 4,15% del total del contrato. Hoy, los corredores pactan con el dueño una comisión y además perciben el 4,15% por parte del inquilino.

En segundo lugar, propone que las certificaciones de firmas y los informes de dominio se realicen en forma gratuita.

El tercer punto tiene que ver con una de las principales dificultades que sufren los inquilinos: conseguir una garantía. El proyecto impulsa que se establezca un «Sistema de Pago Asegurado», un débito automático para que el monto del alquiler se descuente de la cuenta sueldo. En principio, este método se aplicaría en el caso de los inquilinos que trabajen para el Estado porteño, aunque también se podría usar para los privados y los estatales nacionales.

Con estas medidas apuntan a reducir los costos de ingreso a la propiedad, que hoy superan el 10% del total del contrato.

El problema es que, del otro lado del contrato, la situación para los propietarios tampoco es perfecta. Según un informe de la consultora Reporte Inmobiliario, la renta que se obtiene por alquilar un departamento ronda el 2,5% anual.

Si se compara el año pasado con lo que pasó en la última década, la cifra está más cerca del piso del 1,5% de 2014 que del techo del 3,9% de 2006. Esto se produjo porque las subas de los alquileres, aunque fuertes, también perdieron contra la inflación. Tampoco hay que olvidar que en muchos casos los dueños no son grandes empresas de bienes raíces sino familias de clase media.

En el sector inmobiliario pidieron precaución. Héctor D’Odorico, presidente del Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad, comentó: «Sin una garantía, y considerando que más del 30% de un sueldo no se puede embargar, ¿qué pasaría si el inquilino entregara el departamento en mal estado?, ¿cómo se protegería el propietario?. Si al dueño se le aumentan los costos o los riesgos puede terminar pidiendo un alquiler más caro o sacando el departamento de la oferta».

Por lo pronto, para que esta ley tenga chances de ser aprobada, hace falta que el PRO, el partido mayoritario, esté dispuesto a discutirla. En el bloque oficialista afirmaron que analizarán el proyecto «para buscar un consenso». En tanto, Juan Ignacio Maquieyra, presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad, aseguró: «Venimos trabajando en mesas de discusión con las instituciones que presentaron este proyecto. Pensamos trabajar el tema este año porque es cierto que los inquilinos tienen altos costos de ingreso. También hay que explorar alternativas para resolver el problema de las garantías».