Lo solicitó el juez que investiga los incidentes durante la marcha contra la reforma previsional, en las inmediaciones del Congreso.
En ese sentido, Torres determinó que dos policías (uno Federal y otra de la Ciudad) fueran procesados por agredir a dos personas que estaban en la marcha sin realizar desmanes. También procesó a dos manifestantes del Partido Obrero que participaron de la agresión a un agente del orden.
Entre las cosas que escribió el juez en uno de los procesamientos se encuentra un pedido para que el Estado Nacional implemente un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones.
«Los graves sucesos que dan contexto a este sumario, han puesto en evidencia que se carece de un procedimiento o proceso de respuesta que los prevenga o enfrente», determinó el fallo.
En la misma línea, remarcó que «no se habla de medios que obstruyan» el derecho de protesta sino de «recursos que impidan conductas que, manipulando ese concreto derecho, desenlacen en distintos actos que no pueden sino ser calificados como delictivos».
Asimismo, Torres calificó de «indispensable » que el Gobierno Nacional y local, en sus esferas Ejecutiva y Legislativa, dicten una normativa donde se articulen los derechos de los involucrados en una protesta social (protestantes, fuerzas de seguridad y los terceros ajenos) y se proceda a su cumplimiento».
«Resultando de aplicación lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al decir que es deber de los Estados ‘…organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos», expresó.
De esta manera, según el juez, «los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos».
Por último, Torres concluyó con la idea de sugerir un plan estatal de tres puntos: «El estudio del tema demuestra que varios son los puntos que se presentan centrales en el armado de un programa estatal a seguir, que respete fundamentalmente en igualdad de condiciones los derechos de todos los estamentos involucrados.
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