16 de noviembre, 2017

Piden la indagatoria de Aníbal Fernández, Mariotto y Abal Medina

El fiscal Pollicita acusa a los ex funcionarios de fraude al Estado en la compra de derechos de los partidos de la Selección.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pedirá la indagatoria del ex CEO de Torneos Alejandro Burzaco, del ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ex coordinador del Fútbol Para Todos, Pablo Paladino, por el delito de defraudación a la administración pública.

 

 

El listado de indagatorias incluye al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, ya procesado en la causa del FPT, y a Gabriel Mariotto, que había precedido en el cargo a Paladino.

 

 

 

El funcionario judicial cree que hubo sobreprecios en las transmisiones del Superclásico de las Américas 2011; Amistoso Argentina-Brasil 2012; Superclásico de las Américas 2012; Copa Mundial 2014; Copa América 2015; Sudamericano sub 20 2013 y Copa Mundial sub 20 2013.

 

 

Asimismo, Pollicita investiga una denuncia de la Procelac que se hizo después del FIFA Gate, y además de las indagatorias pidió la inhibición general de bienes en relación a la totalidad de los imputados y su prohibición de salida del país.

 

 

La causa se activó en las ultimas horas a raíz de las declaraciones, en sede judicial, de Alejandro Burzaco, que acusó a Paladino y a Jorge Delhon, otro ex funcionario de la Jefatura de Gabinete, de cobrar 4 millones de dólares en coimas. Delhon se suicidó ayer, arrojándose al paso de un tren, apenas se enteró de la noticia.

 

 

El fiscal busca que Burzaco declare en la Argentina, aunque cumple prisión domiciliaria hace casi dos años en Nueva York por el caso del FIFA Gate.

 

 

Entre las conclusiones del pedido, Pollicita entiende que «el detalle de las contrataciones demuestra como las autoridades del Programa Fútbol para Todos obligaron mediante su accionar delictivo al Estado Nacional en forma abusiva a adquirir diversos eventos que exceden en forma considerable los objetivos del citado programa y los ‘eventos de interés relevante’ detallados por la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisuales».

 

 

«A su vez, se evidencia que las citadas autoridades obligaron también al Estado Nacional a abonar precios irrazonablemente superiores a los de valor de mercado por los derechos adquiridos», amplió.