La Oficina Anticorrupción lo solicitó en el marco de la causa que investiga si se favoreció a Austral Construcciones con la adjudicación de contratos
En el expediente están imputados y procesados Cristina Elisabet Kirchner, Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Nelson Guillermo Periottti, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Antonio Báez, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilverto Pavesi, José Raúl Santibañez y Abel Fatala.
A los sospechosos se les imputa haber perjudicado los intereses del Estado al violar sus deberes de «administrar y cuidar fielmente los bienes» del erario público.
En ese sentido, Alonso les imputa distintos grados de participación para direccionar la adjudicación de obras públicas viales en Santa Cruz a Austral Construcciones -empresa de Lázaro Báez- por $46 mil millones.
«Con el afán de beneficiar a las empresas de Lázaro Antonio Báez, quien era amigo y socio de Néstor Carlos Kirchner, los procesos licitatorios estuvieron signados de múltiples irregularidades», precisó la funcionaria.
Según la OA, la maniobra se inició el 8 de mayo de 2003, pocos días antes de la asunción de Néstor Kirchner, cuando Báez constituyó su constructora y abandonó el puesto que tenía en el Banco Santa Cruz como monotributista.
En el segundo paso para efectivizar el ardid, Kirchner «montó una estructura institucional con distintas personas de su confianza», entre quienes se encontraban De Vido (Planificación), López (Obras Públicas) y su primo, Carlos Santiago Kirchner (subsecretaría de coordinación de Obra Pública Federal).
«Como tercer paso para consumar la maniobra disvaliosa, se dotó a la Dirección Nacional de Vialidad de mayor cantidad de fondos que en otros ejercicios, y luego se delegaron las principales etapas de adjudicación de las obras a la Administración General de Vialidad Provincial», precisó.
Durante la causa judicial se constató que de un total de 88 obras llevadas a cabo en Santa Cruz en el período 2003-2015, 51 fueron adjudicadas a Lázaro Báez. Dichos procesos licitatorios se caracterizaron por múltiples irregularidades que -para Alonso- «no hacen más que demostrar que el propósito final de todo era favorecer» a Austral.
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