Así lo indicó el subdirector General del organismo, Gustavo Mason, quien dijo que «sí» están previstas sanciones según lo establece el artículo 128 del Código Nacional Electoral, debido a que varios dirigentes de distintas fuerzas comenzaron a realizar actividades proselitistas, además de las publicidades y afiches que se pueden ver en las calles.
Mason precisó que primero «va a existir una advertencia» de que «están fuera de término» y luego en caso de insistir con el proselitismo se procederá a «la aplicación del (artículo) 128 del Código Electoral”.
Ese artículo sostiene que «la agrupación política, que realice actividades como actos de campaña electoral fuera del plazo establecido en el artículo 64 bis, será sancionada con la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual» por un plazo de uno a cuatro años y los fondos para el financiamiento de campaña por una a dos elecciones.
Además, prevé que «la persona física que realizare actividades entendidas como actos de campaña electoral fuera del período establecido, será pasible de una multa de entre 10.000 y 100.000 módulos electorales».
En declaraciones a radiales, Mason recordó la reunión que mantuvieron esta semana los jueces electorales Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Uno de los motivos de la reunión, explicó, fue que las sugerencias que la Cámara Electoral hizo a principios de año para fortalecer el proceso todavía «no fueron receptadas por el Poder Ejecutivo”.
Entre esos pedidos figuraba la propuesta de implementar un «mecanismo de escrutinio provisorio diferente al que históricamente se ha implementado desde el Poder Ejecutivo» con el objetivo de «integrarlo como una fase más del proceso que dirige la justicia nacional electoral, alejado de la órbita del PEN y, en consecuencia, de cualquier interés político partidario».
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, «ratificó el apoyo del Máximo Tribunal» esta semana a la Cámara «para el ejercicio de las competencias de la justicia electoral».
Después de esa reunión, los jueces electorales de todo el país mantuvieron una sesión de trabajo en la que manifestaron «una preocupación generalizada por la falta de control judicial en el escrutinio provisorio que llevará adelante el Ministerio del Interior».
Mason precisó que en ese encuentro también se acordó que los camaristas «extremen las medidas para llevar a cabo un control de las propagandas de la vía pública».
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