La Cámara de Kiosqueros Unidos (CKU) dispuso un paro general de 72 horas en el sistema de recarga de las tarjetas SUBE, en reclamo de la recuperación de una rentabilidad digna sobre su uso y una modificación de la ley que prohíbe el cobro de un adicional.
La medida de fuerza se iniciará el primer minuto del miércoles y se extenderá hasta las 23.59 del viernes y se espera un acatamiento de la gran mayoría de kiosqueros que ofrecen el servicio de carga.
Más de 12.000 kioscos, que ofrecen dicho servicio, piden medidas al Ministerio de Transporte de la Nación y advierten que, en la actualidad, la prestación se vuelve insostenible.
«Cuando comenzó el sistema, el Estado nos pagaba el 1 por ciento, nos debitaba los insumos, nos atendían ante cualquier inconveniente», afirmó el presidente de la CKU, Sergio de Acha, en diálogo con Radio La Red, y añadió: «Con el pasar del tiempo, se dejó al libre albedrío el sistema de transporte y hoy en día nos pagan el 0,20%: por cada 100 pesos que cargamos, la ganancia bruta que tenemos es de 20 centavos».
De esos 20 centavos, el kiosquero debe descontar el pago de internet, el abono fiscal y la electricidad, que «en muchos casos se paga más que por el alquiler del local».
La exigencia principal de la Cámara de kiosqueros es llegar a una reunión con representantes del Ministerio de Transporte para establecer nuevos términos respecto a la ganancia de los comerciantes por la carga de la tarjeta.
En ese sentido, la CKU reclama que el estado reconozca al kiosco como punto de venta y exige que deroguen la ley que prohíbe que se cobre un adicional por cargar la tarjeta, a través de una campaña online.
«Los kiosqueros no somos ambiciosos. Queremos que se valore el trabajo que nos lleva cargando tarjetas durante 24 horas, yendo al banco, perdiendo una hora de tiempo en depositar la plata, el riesgo, el volver. Creo que nos tendrían que dar el 5%», afirmó De Acha.
El Estado había prohibido el cobro por la recarga cuando la ex presidente, Cristina Kirchner, lanzó la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), en 2011. La administración de Mauricio Macri respaldó esa decisión.
