La Gendarmería puso en duda una de las premisas iniciales y centrales del caso. «No hay prueba concluyente de que el joven haya estado en el Pu Lof durante el operativo», manifestaron ayer desde dicha fuerza.
En la causa hay tres testigos, miembros de la comunidad mapuche de Resistencia Cushamen, que dijeron haber estado con Santiago en el Pu Lof en la mañana del 1º de agosto cuando se desplegó el operativo de la Gendarmería.
Mientras que los rastrillajes realizados con perros rastreadores que siguieron las huellas odoríferas a partir de tres prendas de Maldonado (un cuello, un buzo y una gorra que fue secuestrada por la fuerza en el procedimiento) indicaron que, por lo menos, el joven habría llegado hasta la vera del río Chubut. Sin embargo, para la Gendarmería esos elementos no son suficientes.
«Si estuvo en el Pu Lof, no se sabe con certeza cuándo ni por cuánto tiempo. Y hay que ver las fechas de los rastrillajes», indicaron miembros de la Gendarmería con acceso a la causa judicial. Los perros rastrearon el territorio el 5 y el 16 de agosto.
Desde la fuerza aseguraron que dos de los testigos de la comunidad mapuche fueron «indiciales» porque «contaron lo que otros les dijeron y no fueron testigos directos». E insistieron en que existieron contradicciones en las declaraciones.
El testigo que dijo haber visto, con sus ojos, que la Gendarmería se llevó a Santiago fue Matías Santana, quien aseguró haber dialogado personalmente con el artesano desaparecido poco antes del procedimiento de la fuerza de seguridad.
«Con binoculares alcanzo a ver a tres gendarmes que están golpeando un bulto. Llega una camioneta y lo introducen en la camioneta, la que sale rápidamente rumbo a Esquel», contó tras declarar en la Justicia. Otra testigo de la comunidad en su testimonial dijo que vio a Santiago «ponerse la mochila y correr hacia el río» cuando la Gendarmería entró al Pu Lof.
La Gendarmería quiere que el juez Gustavo Lleral, que se hizo cargo del caso hace diez días, unifique las dos causas que tiene el caso: la de habeas corpus, que busca dar con el paradero de Maldonado y cuya instrucción está en manos del magistrado, y la de desaparición forzada, que investiga el proceder de la fuerza y está delegada en la fiscal Silvina Ávila.
Ese deseo radica en que el juez anterior, Guido Otranto, manifestó que no hay pruebas de que a Maldonado se lo hayan llevado en una camioneta de la Gendarmería, sobre la base de los cotejos de ADN realizados en cuatro patrullas de la fuerza y un unimog.
El trabajo tiene algunas dificultades logísticas, dado que está llegando el mobiliario que solicitó al juzgado de Esquel y aún resta la instalación de los medios informáticos para la labor.
