El decreto abarca la importación tanto de computadoras portátiles como accesorios informáticos y de telecomunicaciones que quedarán exentos del pago de derecho de importación.
A través del Decreto 117/2017, publicado en el Boletín Oficial, se formalizó la medida en cuyos considerandos se justifica que «redundará en la disminución de los costos de fabricación de diversos aparatos y equipos electrónicos, mejorando las condiciones de competitividad y productividad, y contribuyendo al aumento de la inversión productiva en el sector y de su disponibilidad en el mercado local».
Establece que eliminará desde mañana el arancel de 12% promedio para la importación de componentes para producir computadoras en el país, como también el arancel de 35% para la importación de notebooks, tablets y computadoras a partir del 1 de abril.
La medida se enmarca en las excepciones que tienen los países miembros del Mercosur para reducir los aranceles a diversos bienes, entre ellos los relacionados a tecnología.
La eliminación del arancel del 35%, prevista a partir de abril, incluye a las computadoras terminadas, notebooks, all in one y PC de escritorio, mientras que en el caso de partes de computadoras alcanza a complementos de informática (impresoras, plotters, digitalizadoras) y otros bienes tecnológicos (servidores, partes de LEDs).
El Gobierno espera que de la eliminación de los aranceles resulte una disminución de los valores en el mercado local que revierta la tendencia en la baja del consumo. Más luego de la aplicación del programa «Precios Transparentes», a través del cual se diferenció el pago al contado del de financiamiento, que provocó el fin de las cuotas sin recargo.
La decisión causó malestar entre los empresarios y sindicatos del sector, que desde hace algunos meses vienen denunciando una baja pronunciada en las ventas y la pérdida de puestos de trabajo. Hay informes privados que indican que desde que se anunció la medida unas 2000 personas se quedaron sin empleo.
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Lo anunciaron de manera conjunta los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad) en conferencia de prensa. El objetivo, detallaron, es “evitar la impunidad de los crímenes cometidos por los menores”
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