Pedro Sánchez indicó que a la hora del corte desaparecieron 15 gigavatios (GW) en apenas cinco segundos, lo que equivaldría “al 60 % de la demanda del país en ese momento”.
3 de abril, 2017
El texto fue aprobado «por mayoría» (17) de los 21 Estados presentes en la sala, ya que sólo se abstuvieron cuatro de ellos: República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador.
El documento lo presentaron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, EEUU, Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú.
El texto no se sometió a votación, sino que se aprobó «por mayoría» de los Estados presentes, según declaró el presidente interino del Consejo Permanente, el embajador de Honduras, Leónidas Rosa Bautista.
En el momento de la presentación y debate de la resolución, no estuvieron presentes Bolivia, Venezuela y Nicaragua, que abandonaron la sesión tras denunciar que se trataba de una reunión «ilegal» y un «golpe de Estado institucional» al haberse celebrado pese a que Bolivia, titular de la presidencia del Consejo, la suspendió esta mañana.
La resolución, el texto más duro aprobado en la OEA contra Maduro, incorpora la posibilidad de, «en la medida que sea necesario», emprender «gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática», «incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial».
Asimismo, indica que «a pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas sentencias (del Supremo sobre la Asamblea Nacional), es esencial que el gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático».
De esa manera, los firmantes instan a Venezuela a «actuar en los próximos días para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional», según la lectura que hizo del texto la embajadora de Perú, Ana Rosa Valdivieso.
En el documento, expresan «su profunda preocupación por la grave alteración inconstitucional del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela y su apoyo continuo al diálogo y a la negociación para dar lugar a una restauración pacífica del orden democrático».
Indica además que «las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y de arrogárselos a sí mismo son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela».
Los países se comprometen asimismo a mantenerse dispuestos «a apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático a través del ejercicio efectivo de la democracia y el Estado de derecho en el marco constitucional de Venezuela».
El embajador de Venezuela, Samuel Moncada, advirtió antes de salir de la sala que cualquier cosa que fuera aprobada en esta sesión no sería tomada en cuenta por su gobierno al considerar que la reunión es «ilegal».
Pedro Sánchez indicó que a la hora del corte desaparecieron 15 gigavatios (GW) en apenas cinco segundos, lo que equivaldría “al 60 % de la demanda del país en ese momento”.
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