El fiscal Franco Picardi pidió este miércoles un embargo de mil millones de pesos para las empresas y personas investigadas en la causa Odebrecht por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, además de designar a un veedor judicial sobre el consorcio que lleva adelante en la actualidad la ejecución de la obra (denominado, G&S).
Se trata de la causa que salpica al ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano Roberto Baratta; el ex secretario de Obras Públicas José López; el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su colaborador más cercano Manuel Vázquez. Y en donde también están siendo, invetigados empresarios que van desde Angelo Calcaterra y Manuel Sánchez Caballero (de la ex IECSA) hasta Marcelo Odebrecht y Jorge Rodríguez. Todos ellos fueron convocados a indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
El dictamen de Picardi se pareció bastante a un pedido de procesamiento adelantado: aunque las indagatorias no terminaron -recién finalizaran el 31 de octubre con De Vido-, el fiscal repasó las pruebas y evidencias recolectadas en la causa, en donde aparece como crucial las confesiones de Luiz Mameri, un arrepentido de Odebrecht que confesó cómo se organizaron los pagos en la Argentina para obtener el soterramiento.
La licitación fue otorgada a la obra al Consorcio Nuevo Sarmiento integrado por las empresas IECSA, Odebrecht, Comsa Empresa Constructora y Ghella SPA. Según lo confesado en Estados Unidos, el Grupo Odebrecht pagó sobornos «a funcionarios públicos de Argentina» entre 2007 y 2014 por más de U$S 35 millones.
Ya en noviembre Picardi había pedido embargos preventivos pero el juez no había hecho lugar y dispuso las indagatorias. La Cámara Federal, sin embargo, llamó la atención al juez y apuró el dictado de medidas cautelares.
Con ese guiño, Picardi redobló este miércoles su pedido, en donde subió los montos de las sumas a embargar por las fluctuaciones del dólar. Pidió que la suma alcance los mil millones de pesos, repartidos proporcionalmente entre personas físicas y jurídicas.
Para Picardi los sobornos no se limitaron a Odebrecht, la firma brasileña que reconoció en su país que era una práctica habitual las coimas para hacer negocios en Latinoamérica. El fiscal sostuvo que «la evidencia reunida el objeto procesal queda circunscripto en el posible pago de sobornos por parte de las firmas Constructora Norberto Odebrecth S.A, IECSA S.A, GHELLA Societa Per Azione y COMSA S.A. a funcionarios públicos integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, para lograr la adjudicación y continuidad de la obra «Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Moreno» de la Línea Sarmiento, proceso administrativo posiblemente direccionado que benefició al Consorcio Nuevo Sarmiento, integrado por las mencionadas empresas.
