El exdirector de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht dijo ante la Justicia de Brasil que pagó sobornos millonarios, que alcanzarían los US$ 20 millones, para acceder al proyecto del soterramiento del tren Sarmiento, según documentos del «Lava Jato» revelados por La Nación.
El empresario es un delator premiado, es decir que accedió a aportar información sobre las irregularidades a cambio de mejorar su situación judicial.
Así, el ejecutivo habló sobre la sigla «DGI» que aparece en una gran cantidad de documentos internos de la constructora, que no tenían vinculación con la Dirección General Impositiva, sino que eran un eufemismo para esconder los pagos de coimas. Así, «DGI» significaba «compromisos políticos», «favores», o «pagos a agentes públicos», entre otros, y que representaban costos que se incluían y aumentaban los montos finales de los contratos.
Si bien el empresario no dio nombres de los receptores de las coimas, declaró que «delegaba mucho» cuando había operaciones en el exterior.
Siguiendo esa línea, otros ejecutivos de la compañía que también se acogieron al régimen de «arrepentidos», aportaron información y hablaron de una cifra cercana a US$ 20 millones para quedarse con el contrato para soterrar el Sarmiento, en pleno kirchnerismo.
Asimismo, el empresario condenado a 19 años y 4 meses de prisión por la justicia de Brasil, declaró que en la Argentina las empresas estaban obligadas a tener «socios locales» y a contratar lobbistas que allanaban el camino para cualquier pedido.
Para disputar el proyecto del Sarmiento, la constructora brasileña conformó un consorcio con otras tres empresas -la argentina Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa-, mientras que para otros proyectos en la Argentina recurrió a la constructora Esuco, de Carlos Wagner, y a la firma BTU, de Carlos Mundin.
Además contrató los servicios de Jorge «Corcho» Rodríguez, señalado como «valijero» de la firma. El empresario rechazó esta versión pero admitió que trabajó para esta firma.
