Le solicitó al juez Casanello que cite a 29 personas en la causa por supuestos sobreprecios en la construcción de dos plantas potabilizadoras
Según informó la agencia Télam, Delgado le entregó el dictamen entregado al juez federal Sebastián Casanello, quien debe decidir si accede o no a ordenar las indagatorias. Entre los citados se encuentran el ex titular de AySA, Carlos Ben, y el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner.
Los pedidos de indagatoria se basan en los delitos de defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública.
En este expediente se investigan sobreprecios y sobornos en la adjudicación de la construcción de dos plantas potabilizadoras.
Semanas atrás, el juez Casanello ordenó allanamientos en la sede de la empresa brasileña en la Argentina para obtener documentos relacionados con la construcción de la Planta Depuradora del Bicentenario en Berazategui y la ampliación de la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre.
La primera obra estuvo a cargo de las empresas Camargo Correa S.A. y Esuco –esta útima de Wagner– y la segunda de Odebrecht SA, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAICI y José Cartellone Construcciones Civiles SA.
En el contrato de $ 2700 millones adjudicado a Odebrecht en 2008, la Justicia detectó varias irregularidades como redeterminaciones de precios injustificadas y el desvío de casi $1000 millones del presupuesto.
«En ambas obras se detectaron, entre otras cosas, sobreprecios, modificaciones en los presupuestos originales, incumplimiento de los tiempos pactados en los contratos, diferencia en la calidad de los bienes, importaciones de bienes más caros que los de la industria nacional y falta de certificaciones y de documentación que acredite el real estado de las cosas», sostuvo el documento.
En ese sentido, Delgado destacó en su dictamen que la planta de Tigre tenía un valor inicial de 2.293.323.243,33 de pesos y terminó costando 5.150.390.531,94; lo mismo con la de Berazategui que de 398.152.391,91 subió a 658.407.693,42 de pesos.
«La necesidad de hacer obras derivó en corrupción», concluyó el fiscal.
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