Aunque el gobierno de Javier Milei celebró que el desempleo bajó al 6,6% en el tercer trimestre, en Casa Rosada buscan soslayar que el empleo creció casi exclusivamente en el segmento del trabajo informal.
El análisis de Moody’s Investors Service es una advertencia sobre el nivel de riesgo al que pueden quedar expuestos los inversores en cada país por el contexto político.
Sobre la Argentina, la calificadora sostuvo que «las elecciones legislativas de octubre aún presentan algunos riesgos, ya que determinarán si se mantendrá el constante progreso de reformas para combatir la inflación y estimular un crecimiento sostenido«.
En opinión de Moody’s, el estatus argentino responde a «niveles medianos o elevados de susceptibilidad a eventos de riesgo político» al igual que Venezuela. El riesgo político es comparativamente más moderado en Brasil, Colombia, Perú, México y Chile.
«El mayor riesgo político aumenta la preocupación de los inversores sobre los resultados de políticas negativas que afectan la confianza de los mercados», señaló Gersan Zurita, vicepresidente Senior de Moody’s. «La incertidumbre política incrementa las primas de riesgo y afecta adversamente las valoraciones de capital y bonos, generando volatilidad de tipo del cambio«, añadió, en la presentación del informe en San Pablo, Brasil.
Para la calificadora, existe «riesgo político» cuando pueden producirse eventos que «dañen la fortaleza económica o fiscal» y por eso debiliten la efectividad de las políticas y la fortaleza institucional. «El riesgo político puede surgir de resultados de elecciones inesperados o transiciones de liderazgo; una relación contenciosa entre partidos políticos, o entre el poder ejecutivo y legislativo/judicial; y eventos geopolíticos», detalló.
El informe de la agencia citó el caso de corrupción del conglomerado brasileño Odebrecht, que comenzó en Brasil y ha tenido derivaciones en varios países de la región, como una demostración de las debilidades institucionales en la región.
El caso Odebrecht generó que varios proyectos de infraestructura hayan sido cancelados o demorados, con efecto adverso para las entidades directamente involucradas, pero también para las condiciones económicas generales.
En Venezuela, el impacto crediticio del riesgo político «es el más obvio y está conduciendo a una muy alta probabilidad de incumplimiento» en el pago de la deudasoberana, así como de los bonos de la petrolera estatal PDVSA. «La intensificación de la crisis ha impulsado violentas protestas, fugas de capital y la destrucción de la capacidad productiva, resultando en la peor crisis económica de la historia de esta nación», añadió Moody’s.
Aunque el gobierno de Javier Milei celebró que el desempleo bajó al 6,6% en el tercer trimestre, en Casa Rosada buscan soslayar que el empleo creció casi exclusivamente en el segmento del trabajo informal.
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