El presidente ordenó el despliegue de 8500 efectivos de las fuerzas armadas para contener una de las peores olas de violencia en la historia de la ciudad.
«Estamos en Río buscando seguridad y paz, pero sabemos que habrá reacción. Nuestro mensaje es que no vamos a retroceder», afirmó el ministro de Defensa, Raúl Jungmann, en una conferencia de prensa en la sede del Comando Militar Este.
Pocos minutos antes, Temer había firmado el decreto para el despliegue de 8500 soldados del ejército, 620 de la Fuerza Nacional, 380 agentes de la Policía Caminera Federal y un refuerzo de 740 policías locales.
Desde principios de año, la ciudad sufre un fuerte aumento de la criminalidad y la violencia, en gran parte debido a los problemas financieros que enfrenta el estado de Río de Janeiro por la caída del precio del petróleo, su principal fuente de ingresos.
Los grupos cariocas de crimen organizado, Comando Vermelho, Amigos dos Amigos y Terceiro Comando, han aprovechado para avanzar en favelas antes «pacificadas», mientras que la principal banda criminal del país, el paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), disputa ahora territorios de sus rivales locales.
De acuerdo a los últimos datos del Instituto de Seguridad Pública de mayo, los robos callejeros treparon un 39,6% en relación con el año pasado, los robos de cargas crecieron un 21%, y los homicidios aumentaron un 14,9%.
«Vamos a llegar a las cadenas de mando del crimen organizado», resaltó Jungmann.
Los primeros puntos estratégicos controlados por los militares, fueron las autopistas de acceso a la ciudad y el puente que conecta Río con Niteroi, del otro lado de la bahía de Guanabara.
Pero también se vieron convoyes del ejército realizando patrullajes por la emblemática avenida Atlántica, en Copacabana, uno de los barrios más turísticos de la ciudad.
Por cuestiones fiscales, el despliegue en el decreto presidencial está previsto hasta fin de año, aunque existe la posibilidad de que se extienda en 2018.
Pedro Sánchez indicó que a la hora del corte desaparecieron 15 gigavatios (GW) en apenas cinco segundos, lo que equivaldría “al 60 % de la demanda del país en ese momento”.
El sacerdote, que protagonizó un juicio histórico en la Iglesia Católica, fue condenado a cinco años y medio de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos en la Santa Sede por varias operaciones financieras irregulares
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El secretario de Estado indicó, además, que el gobierno de Nayib Bukele también acogerá a “peligrosos criminales” con ciudadanía estadounidense que estén bajo custodia de Washington
