En continuidad con la ley aprobada en general el miércoles pasado, la ley de Responsabilidad Penal Empresaria obtuvo media sanción y será girada al Senado para su aprobación final.
Sin embargo, el cuestionado artículo 37, que proponía que las empresas involucradas en casos de corrupción podían hacer «acuerdos administrativos» con el Poder Ejecutivo para brindar información sin intervención de la Justicia, fue rechazado.
La modificación fue propuesta por la diputada Mónica Litza, del Frente Renovador, y responde a un viejo reclamo del bloque de Sergio Massa.
Asimismo, el bloque del precandidato a senador por 1País logró que el cuerpo aumentara las penas previstas para el delito de defraudación a la administración pública, que ya no será excarcelable.
«La Argentina necesita a los empresarios y a los políticos corruptos presos. Lo que tenemos que lograr es que vayan a la cárcel, la persona que pagó y la que recibió la coima. No puede haber un doble estándar», aseguró Massa luego de la sesión.
Para los delitos de corrupción, las penas aumentaron cuatro años para que no sean excarcelables y no hay cárcel en suspenso.
Ambas propuestas tuvieron un contundente apoyo de la Cámara: la imprescriptibilidad se aprobó con 123 votos a favor, 79 en contra –el Frente para la Victoria– y 13 abstenciones; el aumento de penas fue más cerca de la unanimidad: 195 votos a favor, 12 en contra y 9 abstenciones.
Por otro lado, Cambiemos propuso una modificación leída por el diputado Luis Petri, que incluía la intervención de la Sindicatura General de la Nación y del Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo, el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el bloque Justicialista y el socialismo se pronunciaron en contra.
Fernando Sánchez (CC-ARI) fue el primero en defender el artículo argumentando que permitirá saber «los nombres de los funcionarios públicos» que hicieron negocios con más empresas: «Da la posibilidad de ayudar, no estamos entregando a nadie, salvo a los culpables».
Rodolfo Tailhade (FPV) le contestó con vehemencia a Sánchez: «No me vas a correr con la corrupción. Te mandó a negociar Macri. Con este artículo quieren llevar información a la Justicia sesgada, no integral. Votamos en contra».
La representante del massismo, Graciela Camaño manifestó: «Cambiemos sabe que propone algo inconstitucional. No busquen atajos para atribuirse cuestiones que no les pertenecen».
A raíz de esto, la discusión derivó en si se permitía votar una propuesta alternativa de la diputada Ciciliani (Socialista). Desde el FPV rechazaron esta posibilidad porque para este artículo no había dictamen de minoría y, por ende, no correspondía votarse.
Sin embargo, Cambiemos recurrió al reglamento de la Cámara para explicar que sí era posible ya que, según los artículos 157 y 162, la propuesta de Ciciliani podía ser votada.
Tras un cuarto intermedio, Nicolás Massot informó que «no hubo unificación de interpretación» del reglamento para votar el nuevo artículo. Esto fue celebrado por Héctor Recalde, quien manifestó su adhesión.
