El Juzgado Federal de Esquel vive desde esta mañana una situación de alta tensión, con la ocupación de una veintena de mapuches en reclamo de la renuncia del juez a cargo de la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado, Guido Otranto.
Según dijeron el lugar voceros de la Comunidad Vuelta del Río, del Pu Lof en Resistencia, de Leleque, la irrupción en los tribunales tienen por finalidad «tomar pacíficamente» el juzgado hasta «lograr la renuncia del juez Guido Otranto».
Una de las mapuches en el lugar, Moira Millan, expuso un cartel desde una ventana del juzgado: «Hemos pedido que retiren a la policía. Adentro muchos policías». La situación se torna insólita, con la convivencia de los mapuches atrincherados y los efectivos de la fuerza de seguridad en la mesa de entrada del juzgado.
Mientras tanto, los mapuches exigen una entrevista con el juez Otranto, quien está a unos metros, en su despacho, pero se niega a recibirlos.
La comunidad intenta con esa medida desplazar al magistrado cuya recusación en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado está siendo evaluada por la Cámara Federal de Rawson.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se sumó ayer a la recusación del juez y objetó su imparcialidad a partir de la entrevista de Otranto a La Nación. Antes lo había hecho la familia Maldonado, a través de su abogada, Verónica Heredia, aunque con otros argumentos que confluyen en una misma acusación: su supuesta falta de objetividad.
En dicha entrevista, Otranto afirmó que la hipótesis «más razonable» que maneja es que el joven artesano murió ahogado el 1 de agosto pasado durante el desalojo de Gendarmería de la protesta de la comunidad mapuche en la ruta 40.
El juez, además, se quejó de los abogados de los organismos de DD.HH.. «Lo único que tienen son críticas a la investigación, pero aportes de testigos, ninguno. Un habeas corpus no es un proceso contencioso: deberíamos estar todos interesados en descubrir qué pasó», apuntó.
