Aunque el gobierno de Javier Milei celebró que el desempleo bajó al 6,6% en el tercer trimestre, en Casa Rosada buscan soslayar que el empleo creció casi exclusivamente en el segmento del trabajo informal.
La Corte se pronunció en contra de que los jueces aumenten arbitrariamente el importe de una indemnización que se encuentre fijado por ley
El pronunciamiento lleva las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, mientras que Horacio Rosatti se pronunció en contra.
La causa fue iniciada por la viuda de un trabajador fallecido en un accidente laboral, quien reclamó a la aseguradora de la empresa el pago de la indemnización prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Esta ley establece que las indemnizaciones son tarifadas, es decir que siempre deben determinarse empleando una fórmula matemática que toma en cuenta la edad que tenía el trabajador al momento del accidente y el salario que ganaba.
El fallo de Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo reconoció que por aplicación de la fórmula prevista en la Ley la indemnización ascendía a $ 435.103,50, a lo que debían agregarse los intereses devengados desde abril de 2011 (fecha del accidente). Pero, aduciendo que tal importe era insuficiente, estimó «justo» elevar la indemnización a $ 700.000.
En ese marco, la Corte Suprema revocó el fallo señalando que, «mediante la sola invocación de principios genéricos vinculados con la equidad de la reparación y aludiendo a ciertas circunstancias relativas al trabajador fallecido, la Cámara había determinado la indemnización apartándose injustificadamente de la ley aplicable«.
Advirtió además que esta circunstancia dilató innecesariamente el juicio, debido a que llevó a que la aseguradora interpusiera un recurso para que la Corte anulara lo decidido.
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