El oficialismo anunció cambios a último momento y buscó agrupar varios artículos bajo un mismo bloque. La oposición denunció un “chantaje”
20 de diciembre, 2017
El dictamen obtuvo el apoyo de los legisladores de Cambiemos y del interbloque Argentina Federal, en una audiencia de la que participó el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne. La reunión se extendió por poco más de una hora con la participación de los integrantes de los principales bloques legislativos más el peronista salteño Juan Carlos Romero.
Hacia el final de la audiencia se sumó el neuquino Marcelo Fuentes, del Frente para la Victoria, para anunciar que el bloque que presentará un dictamen de minoría en rechazo a la reforma tributaria.
El proyecto, que contempla una disminución del impuesto a las ganancias para las empresas que reinviertan sus dividendos, grava la renta financiera y recorta en forma gradual los aportes patronales, será debatido en la sesión prevista para el 27 de diciembre.
El oficialismo pretende que la presión tributaria caiga en un orden equivalente al 1,5% del PBI en cinco años. La reforma promueve la rebaja de impuestos distorsivos, grava la renta financiera y modifica gravámenes internos como los que alcanzan al tabaco y a los combustibles.
En el proyecto se estableció que las indemnizaciones y retiros voluntarios pagarán Impuesto a las Ganancias, aunque solo cuando se trate de montos superiores a los fijados en la Ley de Contrato de Trabajo, como es el caso de los cargos jerárquicos.
Por otra parte, la iniciativa propone medidas para incentivar la inversión empresaria al establecer la rebaja en las alícuotas de 35% a 25% para las empresas que reinviertan sus ganancias, gravar la renta financiera y reducir las cargas patronales en un plazo de cuatro años.
En ese sentido, dispone que las empresas no pagarán aportes patronales hasta una remuneración bruta de $ 12.000 para 2022, en una escala que comienza el año próximo con $ 2.400; prosigue en 2019 con $ 4.800; en 2020 con $ 7.200, y en 2021 con $ 9.600.
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Es el que incluían la derogación de las leyes de Discapacidad y Universidades. El Gobierno dice que, si no hay cambios, podría vetar el proyecto. Errores de cálculo que terminaron mal.
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