El oficialismo anunció cambios a último momento y buscó agrupar varios artículos bajo un mismo bloque. La oposición denunció un “chantaje”
14 de noviembre, 2017
Una de las modificaciones sustanciales que le hicieron al texto proveniente del Senado es que los contratos duren dos años (como ocurre actualmente) y no tres. Además, establece que el valor de los alquileres se actualicen de manera anual en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, prohibiendo abusos de inmobiliarias como el ajuste semestral del monto.
Otro aspecto fundamental es el de las imposiciones a las inmobiliarias, que en ningún caso podrán cobrar más de un mes de comisión por la celebración del contrato, y medio mes en la renovación del mismo. Al mismo tiempo, el depósito exigido será de un mes y no de dos como usualmente se requiere.
La norma también establece que las expensas extraordinarias quedan a cargo del propietario.
El oficialismo debió ceder en su intención de regular solamente la locación de inmuebles que no excedieran las 840 unidades UVA que se usan para los créditos créditos hipotecarios (actualmente equivale a menos de 16 mil pesos), dejando vía libre para que los contratos superiores pudieran seguir siendo acordados libremente por las partes. Esto generó un fuerte rechazo de la oposición, que logró que fuera dejado de lado.
Por otro lado, se ampliaron los instrumentos de garantía: recibos de sueldo, certificados de ingresos y recibos de caución servirán para facilitar el ingreso del inquilino al alquiler.
«Es necesario tener una ley que proteja a la parte débil de la relación que son los inquilinos pero que sea equilibrada para no desalentar la oferta. Si no hay oferta de inmuebles el primero que se perjudica es el inquilino que no tiene inmuebles para poder alquilar. Creemos que la ley que hemos dictaminado hoy es más equilibrada que la que venía con media sanción en el Senado», argumentó el presidente de la comisión de Legislación Penal, Daniel Lipovetsky.
Y completó: «Hemos dado un gran paso hoy al dictaminar. La ley de alquileres es una deuda del Congreso. Hace mas de 20 años que no hay ley de alquileres. En Argentina hay más de 7 millones de personas vinculadas con un contrato de alquiler».
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