La jueza federal de San Martín, Martina Forns, hizo lugar a un recurso de amparo para que la empresa FB Líneas Aéreas SA, denominada FlyBondi, el Ministerio de Transporte de la Nación y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), «se abstengan de comenzar las actividades de aeronavegación en el Aeropuerto de El Palomar o Base Aérea Militar de El Palomar, hasta tanto el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) haya autorizado la Evaluación de Impacto Ambiental que deberá ser presentado por la Empresa Aeropuertos Argentina 2000».
En pocas palabras, la magistrada -que integra la agrupación Justicia Legítima- le impide a la sociedad comercial «emitir boletos» y al ministro a cargo del área, Guillermo Dietrich, «continuar las obras ya iniciadas en los Hangares y todas las posteriores».
Forns es la misma magistrada que el 3 de agosto pasado le asestó un duro golpe a la política tarifaria de Cambiemos al emitir un fallo que suspendió el tarifazo de luz en todo el país impuesto por el ministro de Energía, Juan José Aranguren. En este caso, y a pesar del las críticas que recibió desde Balcarce 50, la medida fue ratificada por las instancias superiores que obligaron al Ejecutivo a realizar las ignoradas audiencias públicas.
Ahora, en su contundente fallo, la jueza no solo toma como propios los reclamos vecinales por el posible impacto en el medio ambiente que puede generar el tráfico de las aerolíneas de bajo costo autorizadas a operar desde El Palomar, sino que avanza sobre un tema denunciado en causas penales anteriores y sobre el cual los magistrados actuantes aún no se expidieron: la modificación de lo que por ley fue destinado como «sitio de la memoria», ya que el lugar fue utilizado durante la última dictadura militar como Centro Clandestino de Detención y Exterminio, según los decretos 1986/14 del 29/10/14 del Poder Ejecutivo Nacional.
Así, la magistrada sostiene que la ANAC, a pesar de los requerimientos anteriores, «nada dice sobre el tema», y que el Ministerio de Transporte «sólo apela a la genérica afirmación de que la medida adoptada no afecta a los Derechos Humanos».
Sobre el tema, la jueza federal Forns fue tajante al sostener que «las obras de infraestructura que se pretenden realizar en la I Base Aérea de El Palomar pueden resultar una pérdida de importante prueba para causas penales en trámite» vinculadas a delitos de Lesa Humanidad, «según surge del informe del Secretario Ejecutivo del Archivo Nacional de la Memoria –dependiente de la Secretaría de DDHH y Pluralismo Cultural», que depende del doctor Sergio Kuchevasky, quien reconoce que «la I Brigada Aérea El Palomar ha sido incorporada a la nómina de Sitios de Memoria del terrorismo de Estado, por haber funcionado como centro clandestino de detención, tortura y exterminio donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión».
En la resolución, que será apelada por el Poder ejecutivo de la Nación a través de sus abogados, la jueza de San Martín sostiene que «en la inspección ocular (que realizó el juzgado de San Martín) se encontraron dos edificios cercanos a la pista, de los cuales uno tenía la leyenda ‘Depósito de Explosivos’ y otro denominado como ‘Polvorín’ y no se acompañó aún prueba documental de que tales edificios militares estén desactivados o desocupados», lo cual entrañaría un peligro para los trabajadores y potenciales clientes o pasajeros para las denominadas aerolíneas de bajo costo.
Darle lugar al recurso de amparo para paralizar las difundidas obras en la base aérea El Palomar es ir en contra del decreto 1092 publicado en el Boletín Oficial del martes 26 de diciembre de 2017, en el cual el Gobierno decidió incorporar el aeropuerto de El Palomar «al Sistema Nacional de Aeropuertos para que pueda ser objeto de la modernización de la infraestructura aeroportuaria necesaria para afrontar las recientes políticas relativas a la expansión del mercado aerocomercial».
