El juez Pablo Pullén Llermanos dispuso el traslado de la líder de la Tupac Amaru a su domicilio "para preservar su estado de salud".
Tras haber sido trasladada al Complejo Penitenciario Federal III de Güemes, en la provincia de Salta, el juez Llermanos resolvió mediante un oficio fechado el último viernes que la dirigente vuelva a su lugar de arresto anterior en El Carmen, adonde regresó finalmente bajo custodia de Gendarmería Nacional.
En su resolución, Llermanos indicó que el nuevo traslado apunta a «dar estricto cumplimiento a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia», que el martes pasado reclamo al Poder Judicial de Jujuy que dispusiera «con carácter de urgencia» el arresto domiciliario de la dirigente kirchnerista.
Esa orden del máximo tribunal del país cumple, a su vez, con lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó a darle arresto domiciliario a Sala para salvaguardar su estado de salud.
Sin embargo, los abogados de Sala apelarán la orden de Llermanos, indicaron fuentes de su entorno a NA, porque consideran que la resolución no cumple con la orden de la Corte Suprema debido a que el domicilio legal y habitual de la dirigente es su casa en el departamento jujeño de Cucaya.
La residencia de El Carmen, según explicaron las fuentes consultadas, es una propiedad que está a nombre de Sala pero no es su domicilio habitual y además, su estancia allí «incumple con la Ley de Ejecución Penal».
De acuerdo al entorno de la líder de la Tupac Amaru, el artículo 33 de esa ley señala que una persona en arresto domiciliario no puede ser custodiada por fuerzas de seguridad ni tiene horarios de visita, algo que sí ocurre en el domicilio de El Carmen.
Además, Pullen Llermanos determinó que, a partir de ahora, Sala no podrá tener médicos que no estén matriculados en la provincia de Jujuy, lo que significa que no podrá atenderse con su equipo de médicos habitual que coordina el exministro de Salud Daniel Gollán.
Esto, según el entorno de Sala, agrava las condiciones de detención y también «incumple» con lo dictado por la CIDH y ratificado por la Corte Suprema de Justicia.
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