Efectivos de Policía Federal allanaron ayer las instalaciones del Hipódromo de Palermo y del Casino Flotante de Puerto Madero, en el marco de una causa por evasión impositiva y lavado de dinero que involucra al empresario, Cristóbal López.
Fue a pedido del juez , Juan Galván Greenway, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°7, para secuestrar documentación vinculada con supuestas maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva en la explotación de juegos del azar.
De los operativos también participaron la Policía de la Ciudad, Gendarmería Nacional y miembros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Los procedimientos se ordenaron por una denuncia radicada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra López, a quien se acusa de evasión y lavado de dinero por al menos $ 30 millones de pesos entre los años 2013 y 2015.
La documentación presentada señala al Hipódromo Argentino de Palermo Sociedad Anónima (Hapsa) y al Casino Club SA y Cirsa como los responsables de implementar operaciones para blanquear dinero y evadir impuestos a través del pago de premios.
Los expertos del Departamento de Cibercrimen de la Policía Federal averiguaron que los montos de los premios que se pagaban eran posteriormente «inflados» en las declaraciones al fisco para, de ese modo, blanquear dinero obtenido de manera presuntamente ilegal.
De acuerdo con un comunicado difundido por el Hipódromo, el juez Galván Greenway requirió información «sobre apostadores que habiendo realizado apuestas hayan recibido premios durante los años 2013 a 2015». Es por eso que la investigación judicial apunta directamente contra las tragamonedas y otras apuestas en ese período.
La AFIP también entregó documentación a la Justicia sobre cientos de personas que aparecían como beneficiarios de premios que serían imposibles de obtener con su situación patrimonial. A estos casos se suman, además, denuncias de ganadores que afirman haber cobrado en premios mucho menos dinero del que certificó la empresa.
Por último, la Justicia también investiga la hipótesis de la existencia de «cuentas corrientes informales para jugadores frecuentes» en el casino con montos de varios decenas de millones de pesos que no habrían sido informadas ni a la AFIP ni a la Unidad de Información Financiera (UIF).
«Las empresas hacen saber que la causa nada tiene que ver con sus operaciones y por el contrario colaboran totalmente con las autoridades», expresaron ayer desde las empresas.
