La Cámara de Casación consideró que se incumplió el "plazo razonable" para la realización de un juicio ya que la causa se inició en 1995 y lleva 23 años de recorrido judicial
Por mayoría, la sala del tribunal de alzada -integrada por Liliana Catucci, Carlos Mahiques y Eduardo Riggi- no se cumplió el «principio del plazo razonable» para arribar a una condena firme y determinar si Menem y otros 10 imputados son culpables o inocentes por el contrabando de 6.500 toneladas de armas.
La jueza Catucci entendió que el contrabando no existió y que los plazos estaban vencidos, mientras que -sin analizar la existencia o no del delito- Riggi hizo hincapié en que se habían extralimitado todos los tiempos lógicos para dar respuesta a una investigación penal.
Mahiques, por su parte, se inclinó por condenar la pena de los implicados, salvo a Menem y al ex director de Fabricaciones Militares Jorge Antonio Cornejo Torino, por entender que no se encontraron elementos probatorios subjetivos que indiquen que sabían de los delitos que se estaban cometiendo.
La causa por el tráfico de armas se inició en 1995. Durante su primer mandato, Menem firmó tres decretos presidenciales secretos -entre 1991 y 1994– para venderle armas a Panamá y Venezuela. Fueron 6.500 kilos de armamento que en realidad tuvieron como destino final Croacia y Ecuador, dos países sobre los que regía un embargo de venta de armas por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) porque estaban en conflicto bélico.
En 2008 comenzó el juicio y tres años después Menem y otros 17 acusados, entre ellos su cuñado y asesor Emir Yoma y el ex ministro de Defensa Oscar Camilión, fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3.
Pero en marzo de 2013 la Cámara de Casación revocó esa decisión y condenó a 11 personas por el delito de contrabando agravado.
En junio de 2013 Menem fue condenado a siete años de cárcel, a 14 de inhabilitación para ejercer cargos públicos, a tres años para ejercer el comercio y a perpetua para ser miembro de fuerzas de seguridad.
A los 88 años y con sus fueros indemnes como senador, el ex jefe de Estado mantiene otra condena que sigue sin estar firme por el pago de sobresueldos, y dos juicios orales en proceso -uno por el encubrimiento en la causa AMIA y otro por la venta del predio de la Rural-.
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