Acusan al magistrado de la causa de “mal desempeño” y de orientar la investigación de la muerte del joven artesano en favor de Gendarmería.
Además, la abogada de la familia, Verónica Heredia, pedirá la recusación de la fiscal federal de Esquel Silvina Ávila.
El juez Otranto dirigió la causa desde el 1 de agosto hasta el 22 de septiembre, cuando fue apartado por la la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, tras un pedido de la familia que temía por la «falta de imparcialidad».
Días atrás, el juez que lo reemplazó, Gustavo Lleral, confirmó que Otranto había ordenado intervenir los teléfonos de Sergio Maldonado, Ariel Garzi (amigo de Santiago) y las mapuches Claudia Pilquiman y Marcela Anarda Stocovarz.
«Otranto usó una lógica procesal basada en atacar a los testigos principales. Queda demostrado que lo que quiso hacer Otranto desde el primer momento no fue investigar la posible responsabilidad del Estado en la desaparición de Santiago. No investigó a Gendarmería, no intervino sus teléfonos. Intervino los teléfonos de Sergio, la víctima», explicó a Infobae la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia.
Además, la familia Maldonado recusó a la fiscal Silvina Ávila y a su secretaria Rafaela Ricono. «La violencia desplegada por Silvina Avila contra Sergio Maldonado y su esposa Andrea Antico desde los primeros días de la desaparición de su hermano Santiago fue de una magnitud solo igualable a la desplegada por el (ex juez de la causa Guido) Otranto», señaló Heredia en un comunicado.
En el pedido de recusación, relató que -tras la nulidad dispuesta por Lleral de las escuchas a la familia Maldonado ordenadas por Otranto- «tomamos conocimiento que la señora Silvia Avila conoció y solicitó de tales violaciones constitucionales».
En cuanto a Ricono, secretaria de la Fiscalía Federal de Esquel, «intervino activamente en estas actuaciones y también en la causa 8144/2017, que continúa a cargo del doctor Otranto», con quien está casada.
En su fallo, Lleral declaró la nulidad de las escuchas y ordenó destruir todos los documentos vinculados a esta decisión de Otranto. Y acusó a su antecesor y a Avila de tomar una decisión inconstitucional que viola el derecho a la intimidad del hermano de la persona desaparecida.
«Resulta evidente que la interceptación de las comunicaciones telefónicas a Sergio Maldonado y otros testigos no era el último recurso disponible. En otras palabras, la invasión de la privacidad del hermano de la víctima no era la única opción disponible, ni siquiera la adecuada, cuando en verdad había otras alternativas para lograr la recolección de datos e informaciones conducentes al hallazgo de Santiago Maldonado», escribió Lleral, y le explicó a Otranto que en todo caso podría haber citado a estas personas en calidad de testigos, una medida «elemental», que hubiera sido «menos revictimizante».
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