El punto de partida no es sencillo, dado el alto grado de deterioro de la principales variables macroeconómicas, en particular en lo que respecta al acceso al crédito internacional, pero al mismo tiempo, los mínimos puntos de referencia en materia de actividad; consumo, por el deterioro de la capacidad de compra de los salarios y de las jubilaciones, le permitirán mostrar en corto tiempo signos de recuperación, si toma medidas que no aceleren aún más la inflación. Pero no mucho más, porque otras variables, como la presión tributaria; disponibilidad de divisas, cepo cambiario y default selectivo que va en camino a ser generalizado, impedirá avanzar rápido en todos los frentes a la vez.
En una apretada síntesis, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda, Indec y Banco Central, la hoja de ruta a partir de hoy, se encuentra con la siguiente realidad:
Control de cambios y default selectivo. La repentina pérdida de confianza de los mercados financieros, local e internacional, desde el resultado de las PASO, sobre la forma en que el regreso de un gobierno populista manejará las finanzas del país, dado el antecedente de cancelación de la deuda con el FMI en enero de 2016, anticipó una situación de estrés que se esperaba discutir hacia fines de 2020, con otro escenario.
Sin embargo, el cuadro no aparece tan crítico, depende como se lo encare: la deuda pública al 30 de septiembre era de USD 311.240 millones; de la cual el equivalente a USD 60.000 millones estaba nominada en pesos; y USD 72.000 millones en divisas con organismos internacionales; y unos USD 179.000 millones en moneda extranjera con el sector privado y entidades del sector público; de los cuales unos USD 42.000 millones tienen vencimiento posterior a 2033. De ahí que el reperfilamiento o reestructuración de vencimientos sólo involucraría a menos de la mitad del total, equivalente a poco más del 30% del PBI promedio del último año, o cerca de 40% al tipo de cambio mayorista del viernes.
Reservas de libre disponibilidad. Por efecto del estrés financiero, y la memoria del pasado de confiscaciones de depósitos y de ahorros, con canjes compulsivos de depósitos a plazo fijo a menos de 60 días por bonos a 10 años de plazo, como fue el Plan Bonex a fines de 1989, o el fin de las AFJP sobre el cierre de 2008, pero en particular por la ausencia de señales claras de predisposición a la renegociación del acuerdo con el FMI, el cual se considera un aval imprescindible para acordar con el resto de los acreedores privados, los pequeños inversores locales huyeron del peso, se refugiaron en el dólar, e incluso, retiraron más de USD 12.000 millones depositados en divisas a la vista en entidades bancarias. Esa sangría, sumado al pago de deudas del Tesoro con reservas, la posición externa de libre disponibilidad del Banco Central, excluidos el swap con China, y préstamos del BIS y del FMI aún no utilizado, y las tenencias de oro habría determinado una baja a USD 6.000 millones. Casi lo necesario para honrar vencimientos de capital hasta fin de año con el sector privado por unos USD 6.000 millones.
Actividad económica. Casi la mitad de la capacidad instalada en el conjunto del sector industrial está ociosa por la debilidad de la demanda interna, la crisis en Brasil y la alta presión tributaria, agravada con retenciones fijas de emergencia, aunque se fue licuando en las últimas semanas con la suba de la cotización del dólar, que impidieron dar impulso a las exportaciones. También opera a casi la mitad de su potencial la rama de la construcción, tanto pública como privada, mientras que el sector financiero perdió el impulso que arrastraba con la singular caída del rendimiento de los bonos y de las acciones. El PBI que había alcanzado un pico equivalente a USD 673.465 millones, en términos anuales, en el segundo trimestre de 2017, cuando la economía se recuperaba en términos reales, y se dejó acumular atraso cambiario como ancla de la inflación, dos años después se licuó por la recesión y devaluación a USD 489.000 millones, y ahora se achicó a unos USD 364.000 millones al cambio mayorista, y a menos de USD 300.000 millones al tipo de cambio contado con liquidación del último viernes.
Claramente, la economía enfrenta una aguda recesión, más intensa en el comercio, la industria, la construcción, y el sector financiero, no tanto del lado de los patrimonios de los bancos como del valor de los bonos públicos y privados; y menos en el agro, la minería y el sector público de servicios sociales que crecen a ritmo vegetativo. Pero de ningún modo sufrió una pérdida de riqueza en 2 años de más de 50%, como refleja la fotografía del PBI medido en dólares, que como se sabe se mide en equivalente a 12 meses, y no mensual; y está directamente afectado por el discrecional salto o atraso cambiario.
En un escenario de tendencia a la normalización de la macroeconomía después de las elecciones, con políticas económicas prudenciales, aun con leve recesión en pesos constantes, el PBI en dólares debiera tender en corto plazo al rango de USD 400.000 millones, como estaba antes del cepo cambiario de 2011.
Empleo y pobreza. De las estadísticas de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec se desprende que hasta el segundo trimestre, último dato procesado, la economía había alcanzado récord de 19,3 millones de ocupados, pero también el mayor nivel de desocupados en 14 años, con 2,1 millones de trabajadores, en la proyección al total país, equivalente a 10,6% de la oferta laboral total, en ese caso la más alta desde el primer cuarto de 2006. Pero al mismo tiempo, el informe oficial sobre la Cuenta de Generación del Ingreso e Insumo Mano de Obra, dio cuenta de que sobre 20,6 millones de puestos de trabajo (es más alto que el de personas empleadas por los casos de multiempleo) sólo 10,6 millones correspondían a asalariados registrados, 1,1% menos que un año antes; 4,8 millones a trabajadores en relación de dependencia en la informalidad, subieron 1,8%; y poco más de 5,1 millones de cuenta propistas, autónomos, independientes y ocupados en casas particulares, subieron 3,2 por ciento.
De lo anterior se desprende un escenario de alta precariedad laboral, porque comprende a casi la mitad de los puestos de trabajo, que se intensificó en el último año, y que junto a la caída del salario real de los ocupados en blanco, explicaron el singular salto de la tasa de pobreza a 35,4% de la población, similar a la que había en octubre de 2001, pero muy lejos de los máximos de fines de 2002 cuando abarcó a 57,5% de los habitantes, y 51,7% cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner, en mayo del año siguiente. Cabe notar, que tanto entonces no se contemplaba el efecto de la asistencia social, con el Plan Trabajar, como ahora el efecto de la Asignación Universal por Hijo, que contribuyeron a atenuar notablemente esos indicadores.
Presión tributaria y Presupuesto 2020. Otro indicador relevante para la economía que viene es el punto de partida de una carga impositiva singularmente alta, que en términos del PBI el consenso de los economistas la ubican por arriba del 45%, al agregar no sólo lo que el Estado recauda en todos los niveles de gobierno, a través de impuestos nacionales, provinciales y municipales, sino también las cargas patronales sobre la nómina salarial y el impuesto inflacionario, mientras que un informe del Banco Mundial elevó esa imposición al 106% de las ganancias de las empresas, más que duplicando el promedio de 180 países analizados y sólo inferior a la de 6 países: Comoras, en Sudáfrica oriental, con 219,6%. En Bolivia es 83,7%; Brasil, 65,1%; China, 64,9%; y Venezuela, 64,6% por ciento.
Frente a esa realidad, y para evitar tensiones sociales por la aceleración de la inflación y aumento de la recesión que provocó la reacción de los mercados financieros luego del resultado de las PASO, el Gobierno dispuso un paquete de medidas tributarias de emergencia, en el que se destacaron la reducción de la carga de Ganancias sobre los trabajadores y sobre las pymes; la eliminación del el IVA al consumidor final, hasta diciembre, para un conjunto de productos que forman parte de la canasta alimentaria; eximir a los salarios inferiores a $60.000 en términos brutos del pago del 11% de aportes personales a la Seguridad Social, con un tope de $2.000 por mes durante septiembre y octubre; y congelar la cuota de agosto hasta diciembre a cerca del 80% de los deudores hipotecarios UVA, principalmente, en todos los casos por cuenta del Tesoro, para no afectar la coparticipación con provincias, ni la capacidad de recupero de los bancos que otorgaron los préstamos para la compra de la vivienda.
De ahí que el nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre deberá decidir si quiere volver al IVA para alimentos y de retención de Ganancias de pre las PASO, o si sus legisladores presentan en el Congreso sendos proyectos de Ley para que formalicen esos cambios tributarios de emergencia, así como nuevas pautas de referencia para el tratamiento del Presupuesto 2020 el cual si bien se presentó con posterioridad al resultado de las PASO, exige rectificaciones porque todos los supuestos macroeconómicos quedaron desalineados por el giro de las principales variables monetarias, cambiarias, y financieras.
