La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le corrió traslado al Estado argentino de una denuncia vinculada con la desaparición de Jorge Julio López, ocurrida en 2006.
La presentación había sido realizada ante la CIDH por la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), la Unión por los Derechos Humanos y el Comité de Acción Jurídica (CAJ) en mayo de 2014.
En el Gobierno creen que el momento elegido no fue casualidad: el trámite es analizado como un llamado de atención en medio de la crisis generada por la desaparición de Santiago Maldonado
La denuncia había sido realizada durante el gobierno de Cristina Kirchner por «falta de investigación y determinación de responsabilidades de los funcionarios públicos».
Los denunciantes habían entendido en su momento que el Estado argentino «no asegura las condiciones necesarias para avanzar en la obligación de asegurarles a las víctimas de la dictadura una investigación seria y objetiva”.
La actual Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Avruj, solicitó en 2016 ser parte querellante ante el Juzgado Federal de la Plata N°. 1, pedido que fue rechazado y luego apelado por el gobierno macrista.
López desapareció el 18 de septiembre de 2006 luego de declarar contra el represor Miguel Etchecolatz. Once años después el Estado no pudo dar una respuesta sobre qué le sucedió.
