Los camaristas Irurzun y Farah revocaron la calificación de traición a la patria y consideraron solo un encubrimiento del atentado a la AMIA.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron las detenciones, incluida la del canciller Héctor TImerman, a quien el juez Claudio Bonadio le impuso prisión domiciliaria. Además se confirmaron los procesamientos con prisión preventiva de Carlos Zannini, Luis D’Elia y Fernando Esteche.
Los acusados habían sido procesados por Bonadio por la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman antes de morir y acusados de orquestar un plan criminal para levantar los pedidos de captura internacional que rigen contra medida docena de iraníes acusados de planificar el ataque a la AMIA.
Tanto Nisman como el fiscal Gerardo Pollicita -que investigó luego el caso- y Bonadio – quien dictó los procesamientos- entendieron que el plan fue realizado a partir de la firma de un acuerdo secreto con Irán para que un comité de expertos revise las pruebas contra los acusados, a la vez que se comunicaba a Interpol que estaba en vigor este pacto.
Según Bonadio, ese objetivo se cumplió -a medias- porque a los banners de las alertas rojas se les agregó una leyenda que daba cuenta de la existencia del memorando.
El miércoles, sin embargo, Noble pidió a través de un correo electrónico a la Cámara Federal ser llamado a declarar como testigo y anticipó que su testimonio era contrario a lo denunciado por Nisman.
La Cámara federal coincidió con Bonadio, quien además había sembrado dudas sobre Noble al referir que las desmentidas a la denuncia de Nisman podían estar relacionadas con su buen vínculo con el ex canciller Timerman.
El hecho de que el memorando de entendimiento con Irán tuviera como objetivo «proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol ha emitido una notificación roja» es una muestra de que el acuerdo estaba destinado a hacer caer esas alertas.
«Si en verdad lo que se procuraba era obtener ‘por una vía alternativa- la ‘comparecencia’ de los prófugos, entonces es inexplicable que los interrogatorios allí contemplados comprendieran nada más a aquellas personas respecto de las cuales se había emitido una notificación roja, cuando los que habían sido tenidos por rebeldes por la justicia argentina eran más», sostuvo la Cámara en su fallo.
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