El juez federal Sebastián Ramos ordenó la inhibición general de bienes del ex ministro de Planificación Julio De Vido y de la actriz Andrea del Boca, ambos procesados por «defraudación al Estado» por la novela Mamá Corazón, que se hizo con fondos oficiales y que nunca salió al aire. Pero además el juez ordenó saber si la actriz sobrefacturó los precios para la filmación de su obra.
Por eso, ordenó a la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT) que informe «si aquellos bienes, servicios, locaciones de servicio y/o locaciones de obra que fueron efectivamente contratados por la firma ‘a+A Group SRL’ para la producción de la telenovela ‘Mamá corazón’ guardan correlato con los costos de mercado a la fecha de su adquisición». Si no fueran los valores de mercado, el juez pidió saber cuál debería ser el precio adecuado, para estimar la eventual sobrevaloración de lo que se le pagó a Andrea del Boca.
Según se estableció en la causa, como gerente de la productora «A+A Group SRL»-, Del Boca recibió en una contratación directa por 36.582.468, que contemplaba la alícuota del IVA, incluido ingresos brutos y el 10% en concepto de ganancia de la producción realizada. Los convenios con las universidades fueron una constante en la era kirchnerista para desviar fondos de los controles. De hecho De Vido está preso por una maniobra similar en la causa de Río Turbio.
«Hay razones fuertes para presumir que Julio Miguel De Vido, en abuso de sus funciones, comprometió los intereses confiados al firmar los Convenios con la UNSAM y delegando atribuciones en personas encargadas de su desarrollo y que actuaban dentro de la órbita de su dependencia, a partir de los cuales se canalizó la entrega de los fondos», había dicho el fallo de la Cámara.
